Hace un mes, Zaldívar fue acusado por la presidenta de la SCJN deber obligado a jueces y magistrados a emitir sentencias favorables a intereses propios.
Defendió que la suspensión con efectos generales dentro del juicio de amparo “es fundamental para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución”.
El Gobierno acusó que el Instituto un modificó un reglamento vigente desde 1997 y con ello invadió las facultades presidenciales y del Congreso de la Unión.
La incipiente justicia social resulta repugnante para, entre otros, la presidenta de la SCJN, quien invade furibunda los otros poderes. Y dice que lo hace en defensa de la Constitución.
La candidata reprochó que los ministros de la Corte "ahora ya son Ministerio Público, Poder Legislativo y Poder Judicial, todo al mismo tiempo e interviene en el proceso electoral".
El Poder Judicial ya actúa de facto como si la medida se hubiera declarado inconstitucional, ya que los jueces han ordenado la liberación de criminales peligrosos, dijo.
Sin embargo, para la SCJN no se debe presuponer que la existencia de un acta de nacimiento extemporánea por sí sola sugiera una irregularidad que requiera una verificació.
En esta legislatura hay pendientes entre 55 y 60 solicitudes de juicio político las cuales deben discutirse en orden de prelación, es decir, de la más antigua a la más reciente.
La denuncia que será promovida por el exministro Arturo Zaldivar "ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante", asegura.
La SCJN se está excediendo en sus funciones al asumir por sí sola la decisión de anular la prisión preventiva oficiosa, derivado de una resolución de la Coidh.
El bien jurídico tutelado por los artículos reclamados del Código Penal de CDMX es el derecho humano a vivir una vida libre de violencia en el contexto de la familia.
La resolución se centra en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Malpaso en el ayuntamiento de Tecpatán el cual busca cobrar a al Comisión el espacio que implica la presa.
El patrimonio jurídico nacional está en "riesgo" debido al "asedio que podría limitar gravemente" el derecho de los ciudadanos a que existan contrapesos: Ríos Ferrer.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro impugnó las modificaciones a la Ley General de Víctimas, que derivó en la eliminación del fondo manejado por un fideicomiso.
La Segunda Sala dio parcialmente la razón a la compañía para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa defina un nuevo monto a pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
