Ciudad de México. El Colectivo Pena sin Culpa reprochó a la llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “el desdén a las víctimas” al no responder a las solicitudes de audiencia sobre los expedientes que impugnan la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, pese a que desde 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ordenó al Estado mexicano inaplicar ambas figuras en la sentencia del Caso Daniel García y Alpízar Ortiz vs. México.
Aunado a lo anterior, el colectivo lamentó que la Corte “dejara plantado” este miércoles a Daniel García Rodríguez, citado desde temprano en la Secretaría General de Acuerdos para presentar alegatos sobre el impedimento que él y Reyes Alpízar promovieron contra la ministra María Estela Ríos, a fin de que no intervenga en el Expediente de Cumplimiento de Sentencia Internacional 3/2023 de la Coidh, debido a que en 2022, como consejera Jurídica de la Presidencia defendió mantener la prisión preventiva oficiosa.
“El Colectivo Pena sin Culpa lamenta que a dos meses de haber solicitado audiencias personales con el ministro presidente, Hugo Aguilar, y con las y los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, no haya sido atendida esta solicitud que tiene por objeto que las y los ministros escuchen de manera directa a las víctimas del caso García Rodríguez y Alpizar Ortiz vs México”, señalaron en un comunicado.
La sentencia de la Corte IDH declaró responsable al Estado mexicano por la privación de libertad de más de 17 años que sufrieron Daniel y Reyes, acusados del asesinato de la regidora de Atizapán, Estado de México, María de los Ángeles Tamés, en 2001, en un proceso, a decir del colectivo, “sostenido con pruebas bajo tortura, las cuales no fueron excluidas y que la investigación sobre los autores materiales e intelectuales del Estado no hubiera avanzado en dos décadas”.
El pasado viernes 28 de noviembre, Daniel García y Reyes Alpizar recibieron un citatorio de la Corte a través de correo electrónico para este miércoles, a las 8 horas, aunque no se les indicó motivo ni persona que los atendería, y se excluyó a sus defensores legales.
Daniel García narró a la prensa que, al llegar a la Corte a la hora indicada, fue separado de Reyes Alpízar, pues les informaron que serían atendidos de manera individual. Sin embargo, tras una hora de espera frente a la puerta cerrada de la Secretaría, decidió retirarse. Sólo uno fue recibido.
El Colectivo lamentó “la forma de conducirse de las y los Ministros de la Suprema Corte hacia las víctimas, la falta de respuesta formal a la solicitud de audiencias, la selectividad y discrecionalidad para atender a personas que acuden al Máximo Tribunal y que, hasta ahora, un asunto de la mayor importancia para la justicia constitucional, objeto de una condena internacional, sea atendido con desdén por la Corte. La promesa de una ‘justicia abierta al pueblo’ se ve comprometida en el trato desinteresado mostrado hasta ahora. Daniel García y Reyes Alpizar, así como el equipo de Pena sin Culpa, continuarán evidenciado la actuación arbitraria del Estado mexicano ante las instancias internacionales”.
