Ciudad de México. Ante la posible discusión de un proyecto que propone declarar constitucional el impuesto de 2 por ciento por concepto de “aprovechamiento” de la infraestructura de la Ciudad de México, trabajadores de plataformas digitales protestan una vez más frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir a los ministros frenar el cobro de ese gravamen -establecido en 2021 mediante la reforma al artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México impulsada por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum- porque afectaría sus ingresos.

Integrantes de Repartidores Unidos de México (RUM) pidieron al ministro presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, y a sus pares, votar en contra del proyecto propuesto por la ministra Lenia Batres, porque –considera-- es “injustificado” ese impuesto que el gobierno capitalino busca cobrar a las empresas de plataformas digitales.

El proyecto de Batres va por negar un amparo a la empresa Uber contra dicho cobro, al determinar que dicho ingreso público constituye un aprovechamiento de carácter no tributario, funcionando como una medida compensatoria por el desgaste exponencial de las vialidades generado por estos modelos de negocio.

El grupo de repartidores inconformes manifestó su temor por el hecho de que las compañías trasladen los costos a sus ingresos, mediante una mayor carga tributaria, e incluso a los consumidores.

“Ya pagamos ISR, IMSS, la Licencia ¿Y aún quieren cobrarnos por usar las calles?”, se lee en una de las mantas con las que protestan.

Leslie Díaz, de Repartidores Unidos de México, indicó que actualmente pagan por obligaciones fiscales 10.1 por ciento, entre impuestos Sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA), por lo que en total sus aportaciones tributarias ascenderían a 14.6 por ciento, considerando además el 2.5 que ya pagan por Seguridad Social por la reforma laboral para plataformas digitales que entró en vigor en junio pasado.

Sostuvo que aun cuando el cobro se hace directo a las empresas, el mismo impactará en los ingresos de los repartidores y en el pago que hace el usuario por cada servicio.

Abundó, se suman los costos operativos por el mantenimiento de sus vehículos de trabajo, gasolina, licencia para conducir y tenencias, entre otros.

La trabajadora que se emplea en una plataforma digital cuestionó que los recursos sean utilizados para mejorar la infraestructura de la ciudad, “tenemos baches y pavimentación en mal estado” que han ocasionado accidentes.

Señaló que ya sostuvieron dos reuniones en la Corte, una con la ministra ponente y otra con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

“Nos dijeron que prácticamente esto era una recaudación, que ellos no querían que las plataformas en sí se llevaran todo el dinero que ganan aquí al extranjero. A lo que nosotros les explicamos que nosotros ya pagamos impuestos, ya pagamos lo que vienen siendo traspendencias, placas, licencias, nos quitan el IVA, el ISR, todo. A lo cual la ministra Batres nos dijo que eso ya no importaba, que ese 2% iba porque iba para las plataformas…

“Y lo que les explicamos es que si tú metes un 2% para plataformas, de una u otra forma las plataformas van a ver cómo trasladarlo para el usuario final. Entonces también esto de que se lo aumenten al usuario final hace que sea más costoso el pedir comida por aplicación, a lo cual para nosotros ya no hay trabajo”, señaló.