Ciudad de México. Especialistas en migración, integrantes del sector público y de organismos multilaterales y de derechos humanos, hicieron un llamado a los juzgadores a colocar “límites claros” a las detenciones o expulsiones de personas en movilidad.
“El asilo es un derecho humano y no una condición discrecional. Es difícil imaginar a alguien que deje su hogar por gusto; esta realidad nos sacude y nos debe comprometer aun más en evitar la criminalización de la movilidad humana”, dijo Daniel Fajardo, en representación del ministro presidente, Hugo Aguilar.
Durante la entrega del premio Sentencias 2025 “Acceso a la justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional”, señaló que en las sentencias se debe tomar en cuenta que detrás de cada expedientes hay historias de vida.
Por ejemplo, dijo, familias que solo buscaban reunirse y se les había sido negado ese derecho; personas desplazadas forzosamente de sus comunidades de origen por motivos de violencia, ambientales, por motivos económicos; personas privadas de su libertad y retenidas ilegalmente, sin darles la oportunidad de gestionar su condición de refugiados.
“Estudiar las sentencias me recordó la consigna que levantan nuestros paisanos mexicanos en Estados Unidos: nadie es ilegal”, señaló Fajardo, titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En nuestro continente – añadió- donde miles de niñas, niños y adolescentes cruzan fronteras, acompañados, no acompañados, o separados de sus familias, resulta fundamental que los tribunales continúen colocando la perspectiva de la infancia en el núcleo de su análisis judicial y de las decisiones que se tomen, porque los derechos de los menores son primero.
Subrayó que el control judicial en materia migratoria se ha vuelto una piedra angular para contener prácticas que bajo el argumento de la seguridad y de la gestión administrativa han generado restricciones deproporcionadas a la libertad y a la integridad de las personas migrantes.
“Hoy se van a dar a reconocer sentencias que han establecido límites claros a la detención migratoria, que han exigido debida motivación, garantías procesales y supervisión judicial efectiva, sentencias que obligan a considerar a la persona migrante como sujeto de derechos y no como un expediente administrativo”.
En este acto inaugural participaron Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; María Campbell, representante adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Jeremy Mac Gillivary, representante adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones en México; Miguel Ramírez González, jefe de Operaciones México, delegación regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como Sandra Elizabeth Alvarez, directora general de Sin Fronteras.