En la colonia El Nido de Las Águilas se encontraron los cuerpos de José Luis Villaseca Rodríguez, de 40 años de edad originario del estado de México, y Omar Eliseo Alonso Padilla, de 35 años oriundo de Puebla.
Insta a que se garantice una investigación pronta, imparcial, exhaustiva, efectiva e independiente sobre los hechos de tortura, en 2009, a manos de agentes policiales de la CDMX.
El tercer tribunal colegiado en materia penal con residencia en QR concedió el amparo liso y llano al ex comandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales de la Policía Judicial de Puebla.
Una de éstas se refiere al abuso sexual contra una niña de 4 años, alumna del Jardín de Niños Margarita López Barba, quien en febrero de 2023 acusó al intendente del plantel haberla agredido sexualmente.
Se coloca al país en la clasificación de “riesgo alto”, al considerarse que la tortura “es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad”.
Una jueza de distrito del estado de México otorgó un amparo a Lenin Jonathan Canchola Martínez, cabecilla de la banda Los Malcriados, contra actos de incomunicación, tortura y atención médica.
Pese a ello, aún existe “un riesgo alto” de sufrir esta práctica y otros “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, debido a los altos niveles de impunidad y la ausencia de reparación a las víctimas y sus familias: OMCT
Animó a las autoridades que imparten justicia a excluir de manera integral toda prueba obtenida mediante tortura o cualquier otra violación a derechos humanos.
El organismo nacional instó a la dependencia a reparar los daños causados de las víctimas por estos hechos ocurridos en el 2020 y denunciados en agosto de 2022.
Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien dirigía la Unidad Antisecuestros, fue vinculado a proceso por presuntamente haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado para que declarara estar relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Es una herramienta previstas en la ley para diseñar e implementar políticas públicas específicas, así como para la protección y reparación integral de las víctimas.
Supervisará las condiciones de las personas privadas de libertad mediante visitas sin previo aviso a prisiones, comisarías, hospitales psiquiátricos y centros de retención de inmigrantes.
El 27 Batallón de Infantería, Guerrero, principal centro: jueza Karla Macías. Desaparecían a los prisioneros tras esos castigos en los años 70 y 80, dice.
Autoridades intercambiaron “experiencias y buenas prácticas” sobre los desafíos que enfrentan ambos organismos en la supervisión a lugares de privación de la libertad.
El SPT tiene el mandato de evaluar las condiciones de las personas privadas de libertad mediante visitas a prisiones, comisarías, hospitales psiquiátricos, campamentos de refugiados y centros de retención de inmigrantes.
Ambas dependencias son señaladas de irregularidades en la indagatoria de un caso de presunta tortura contra una persona que fue detenida por la Policía Judicial.
Una juez emitió las determinaciones para salvaguardar la integridad física y psicológica de Gilberto Martínez Rentería, presunto lugarteniente del Cártel de Sinaloa.
Nashieli Ramírez, titular del organismo, señaló que la dependencia reabrió expedientes de hace casi 30 años, para lograr justicia y reparación del daño a víctimas de tortura.
“La prohibición de la tortura es un derecho fundamental, cuyo ejercicio es absoluto, y cuya protección, garantía y respeto no admiten excepción alguna”.
Cuando la autoridad ministerial no investiga de manera diligente tal delito las afectaciones no cesan hasta que el MP cumpla con su obligación, determinó.
Más de 30 voces asiatieron a la convocatoria realizada por la Comisión para la Verdad y Esclarecimiento Histórico que investiga violaciones a los derechos humanos de 1965 a 1990.
