En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora hoy, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a los poderes judiciales a comprometerse de manera efectiva con la erradicación de esta práctica  y la dignificación de las víctimas.

Animó particularmente a las autoridades encargadas de impartir justicia a excluir de manera integral toda prueba obtenida mediante tortura o cualquier otra violación a derechos humanos. Lo anterior, en el marco de renovación de los poderes judiciales en México. 

Indicó que para dicha exclusión, se requiere que las autoridades judiciales tengan la capacidad de realizar una revisión inmediata, independiente e imparcial de las investigaciones, de las detenciones y de los procesos penales; estén dotadas de las capacidades técnicas necesarias para ello, y actúen libres de cualquier influencia, presión, amenaza o intromisión indebida.

“El respeto a la independencia judicial es esencial para materializar un control efectivo del quehacer de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, así como para salvaguardar los derechos de las víctimas de tortura”, apuntó. 

De manera especial, alentó a que los jueces de control funcionen “como auténticos garantes de los derechos de las personas desde las etapas iniciales del proceso penal, en particular al momento de verificar la legalidad de la detención”.

La ONU-DH señaló que de igual forma, resulta fundamental que las personas procesadas que opten por un procedimiento abreviado lo hagan libres de toda coacción, con pleno conocimiento de sus alternativas y sus consecuencias, y que gocen en todo momento de una defensa adecuada. 

Recordó que la tortura está prohibida de forma absoluta. “Esta práctica aberrante lesiona la dignidad inherente al ser humano, trastoca la integridad de las personas, socava la confianza en las instituciones y es un medio para la fabricación de culpables. Dada su naturaleza intrínsecamente perniciosa, nada justifica su uso. Los problemas de inseguridad y violencia no deben combatirse mediante actos adicionales de injusticia”. 

La Oficina reconoció igualmente aquellas resoluciones que han tutelado el principio de exclusión de pruebas ilícitas, y saludó la adopción de herramientas y políticas judiciales y administrativas orientadas en la misma dirección. 

Alentó a que, en el futuro, impere el principio de progresividad y que los avances registrados se preserven, expandan y profundicen. 

En un marco en el que también se está valorando la reforma de las instancias de seguridad y procuración de justicia, expuso que resulta fundamental que se profesionalicen las investigaciones, se erradique la tortura y se garantice el acceso a la justicia para las víctimas sobrevivientes, enfrentando decididamente la impunidad.