En México, la tortura es una práctica que persiste y con un alto nivel de impunidad, pues mientras en 2023 se iniciaron 4 mil 592 carpetas de investigación por este delito, apenas se lograron nueve sentencias, ocho de ellas condenatorias y una absolutoria, afirmó el Observatorio contra la Tortura, conformado por diversas organizaciones.

En la presentación de un informe en la materia, Ángel Ferrer, de Documenta, reconoció que el número de carpetas ha disminuido comparado con el año 2022, cuando sumaron 6 mil 211, aunque son más que las de 2021 que fueron 5 mil 594. Sin embargo, enfatizó que se advierte “un mayor estancamiento” en las indagatorias y por ende en los casos que se judicializan.

Durante 2022 “se presentaron ante un juez 82 casos de tortura que estaban siendo investigados, en 2023 se redujo drásticamente y únicamente se presentaron 18”, puntualizó. Lo anterior, explicó, responde a que “se quedan en las fiscalías, las cuales generalmente los mantienen abiertos durante largos periodos de tiempo, a veces años e incluso décadas, o deciden no presentarlos ante un juez o archivan la investigación a la espera de que se conozcan nuevos datos de prueba”.

En el documento a cargo también de los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el de Justicia para la Paz y el Desarrollo, elaborado con información obtenida a través de solicitudes de información, el Observatorio expuso que a pesar de que la denuncia es la manera principal de iniciar las investigaciones penales, en este delito sólo el 10.4 por ciento comenzaron así. La mayoría se inició por vista judicial.

Indicó que las presuntas víctimas por tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes registradas por las fiscalías en 2023 sumaron 5 mil 786, de las cuales el 79.65 por ciento son hombres, el 14.94 por ciento mujeres y 5.39 por ciento sin sexo identificado.

Entre los actores perpetradores de la tortura, el estudio arrojó que en más del 44 por ciento eran personal de las fiscalías estatales, así como de seguridad pública de los estados y municipios.

El Observatorio señaló que en promedio cada ministerio público a nivel nacional estuvo a cargo de por lo menos 21.8 casos de tortura, si se cuenta sólo los iniciados en 2023.

El representante adjunto de la ONU-DH en México, Jesús Peña, admitió que si bien en los últimos años se han registrado avances para la atención de la tortura, la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizada entre la población privada de la libertad, el 64 por ciento de las personas reportó haber sufrido actos de violencia sicológica después de la detención, y un 48 por ciento reportó haber sufrido agresiones físicas.