Ciudad de México. México es uno de los pocos países a nivel global que cuenta con un amplio marco legal nacional e internacional para prevenir, investigar y sancionar la tortura, reconocieron diversas organizaciones civiles. 

No obstante, señalaron que aún existen desafíos que colocan a nuestro país en “un riesgo alto” de sufrir esta práctica y otros “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, debido a los altos niveles de impunidad, las detenciones arbitrarias, la falta de capacidad para investigar esta práctica, y la ausencia de reparación a las víctimas y sus familias. 

En un informe presentado este jueves, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) apuntó que si bien México ha ratificado la Convención contra la Tortura y cuenta con una “tipificación adecuada” de este delito, así como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar, en la Constitución existen figuras que son contrarias al derecho internacional y a los derechos humanos, tales como la figura del arraigo o la prisión preventiva oficiosa, que generan condiciones para dicha práctica.

Uno de los ejes que analiza el informe es el de acabar con la brutalidad policial y la violencia institucional. 

Olga Guzmán, responsable para las Américas de la organización, señaló que son pocos los controles civiles en labores de seguridad y avanzó más “el despliegue militar”. 

Indicó que del 2018 al 2023, la Guardia Nacional aplicó el uso de la fuerza en 421 eventos, de los cuales en 411 se utilizaron armas de fuego. 

En conferencia de prensa, en la que una docena de personas víctimas de tortura y familiares expusieron sus casos, la representante de la OMCT detalló que en relación con el fin de la impunidad, hay 4 mil 592 investigaciones iniciadas por tortura y malos tratos a nivel nacional. 

Y citó, conforme a los datos del Observatorio contra la Tortura, que sólo 18 casos han sido judicializados o se han presentado ante un juez, es decir, esto constituye el 0.1 por ciento, lo cual “nos habla de unos niveles de impunidad muy altos, muy preocupantes y por lo tanto ahí hay un riesgo alto en este rubro de fin de la impunidad”. 

En la ficha técnica sobre México, se advierte que la tortura es “una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que, sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables".