El Estado salvadoreño reconoció parcialmente su responsabilidad en la desaparición de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez.
Familiares y OSC llamaron al Estado mexicano a no exceder el plazo máximo de cuatro meses para enviar sus observaciones, que el expediente pueda avanzar y se alcance la verdad y justicia en el caso.
Se refiere a la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la presunta desaparición del profesor ocurrida el 24 de febrero de 1988, en Oaxaca.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe contar antes con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con sus sentencias previas, señaló.
La Comisión pidió asegurar que el proceso de selección de la nueva persona que integrará la Corte se realice de conformidad con estándares internacionales.
La indagatoria debe considerar su labor como persona no binaria defensora y operadora de justicia, y las posibles motivaciones de discriminación y prejuicio.
El Senado continúa trabajando para lograr la designación de los comisionados faltantes y está en tiempo, hasta el 15 de diciembre, dijo Luz Elena Baños Rivas.
En la audiencia en la que participaron además familiares de migrantes asesinados en masacras pidieron que se conforme una comisión especial para investigar los casos.
La comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra señaló en una audiencia pública en Washington de la falta de integración completa del Pleno del Instituto.
Varias dependencias federales participaron en la búsqueda de tres primos privados de su libertad por militares en 2009. Se logró una cartografía de la zona.
El pasado 26 de julio por primera vez solicitó formalmente a ambos organismos internacionales las constancias elaboradas a raíz de las declaraciones hechas por dos de sus entonces integrantes.
La dependencia castrense ha ido “en contra de las órdenes presidenciales” de entregar toda documentación relacionada con la desaparición de los 43 normalistas hace nueve años, considera.
“Los Estados deben asegurar el registro adecuado, preciso y confiable de personas desaparecidas, de cuerpos y restos óseos no identificados”, indicó la Comisión a través de sus redes sociales.
Sus “múltiples fallas” los obligan a esperar en la frontera de México por periodos prolongados, “donde corren peligro de sufrir graves actos de violencia", dijo AI.
Demandaron que la CIDH emita su informe de fondo sobre el caso ocurrido el 7 de junio de 1998, luego de que fue llevado hasta este organismo hace ya 10 años.
En los últimos años ha conocido “múltiples casos de espionaje”, como el reciente contra el subsecretario de DH, Alejandro Encinas, e integrantes del Miguel Agustín Pro.
En Aldama y Chalchihuatlán “recibimos con preocupación los testimonios de que la población vive con miedo por la violencia”, señaló la relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño.
