Al cumplirse hoy 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a “redoblar sus esfuerzos” para determinar el paradero de los jóvenes, ya que, subrayó, persisten las obligaciones de búsqueda, verdad y justicia.

Particularmente señaló que continúa vigente la medida cautelar 409/14, emitida por esta instancia el 3 de octubre de 2014. En dicha resolución, la Comisión solicitó al Estado mexicano determinar la suerte o paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

También requirió prestar atención a los estudiantes sobrevivientes de los violentos ataques de aquella noche.

“Desde entonces, la CIDH ha acompañado activamente a las familias y al Estado en las distintas iniciativas impulsadas para garantizar verdad, justicia y reparación integral”, indicó.

En un pronunciamiento, la Comisión Interamericana refirió que en su último informe la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) advirtió el posible involucramiento del crimen organizado, policías, militares y otras autoridades estatales en la desaparición de los normalistas.

Pese a lo anterior, 11 años después, “el Estado no termina de esclarecer las circunstancias de la desaparición y las familias continúan sin conocer qué ocurrió con sus seres queridos”, apuntó.

LA CIDH también hizo notar que en los últimos años las víctimas y sus representantes mostraron preocupación por la falta de efectividad de los espacios de diálogo; la percepción de obstáculos en el acceso a la justicia, manifestada en el otorgamiento presuntamente irregular de beneficios procesales a militares; y la persistencia de la negativa de entregar documentación que se encontraría bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo expresó su preocupación por el hecho de que las madres y padres de los 43 normalistas han manifestado temor al regreso de la verdad histórica y cuestionamientos de autoridades hacia sus representantes legales y órganos de derechos humanos que han activado mecanismos internacionales para atender el caso.

La Comisión Interamericana destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum haya retomado el diálogo directo con las familias, reafirmando su compromiso de llegar al esclarecimiento de los hechos y obtener verdad y justicia, anunciando públicamente nuevas líneas de investigación, resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía, el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia.

De igual forma reconoció los mensajes públicos desde el “Poder Ejecutivo que manifiestan compromiso con la apertura de archivos del Ejército y el castigo a los culpables”.

En esta tarea, la CIDH resaltó el anuncio reciente sobre la apertura del Estado para el involucramiento de personas expertas independientes que contribuyan con las tareas de investigación y judicialización de la Fiscalía.

Sobre el cambio en la comisión especial del caso Ayotzinapa, a cargo ahora de Mauricio Pazarán, subrayó que esta modificación, debe venir acompañada de la determinación de “una estrategia clara para el desarrollo de diligencias y fortalecimiento del acervo probatorio, celeridad en las judicializaciones, robustecer los procesos existentes y, sobre todo, la recuperación de la centralidad de las víctimas”.

La Comisión valoró también los esfuerzos positivos del Estado mexicano, quien mantiene activas las operaciones de búsqueda y que ha redoblado los esfuerzos con más recursos; que las investigaciones respecto de la participación de militares en la desaparición continúan en curso; y que los beneficios procesales otorgados indebidamente, de acuerdo con la Fiscalía Especial, están siendo litigados.

Además en sus observaciones, el Estado informó del impulso de un cambio en la metodología utilizada para el análisis, valoración y corroboración de la información, para estructurar una investigación con base en pruebas técnicas y científicas. También ha dado cuenta de sus desafíos en materia de extradición de personas implicadas en el caso que se encuentran en otros países, así como sobre acciones de recolección de información con personas detenidas a través de la negociación de beneficios procesales previstos por la ley.