San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), que forma parte de la sociedad civil de Suecia, celebró la sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Edgar M, por el homicidio calificado del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, ocurrido hace 11 meses, pero dijo que sólo cuando sean castigados “quienes instigaron el crimen podrá hacerse realmente justicia”.

En un comunicado señaló que la sentencia dictada el pasado 6 de agosto por un Juez del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chiapas, “se da por medio de un procedimiento abreviado, lo que implica que el acusado reconoce los cargos que se le imputan a cambio de la reducción de la pena. Lo fundamental de este mecanismo es la elusión de un juicio a partir de la autoinculpación del acusado, lo que evita el desahogo de las pruebas recabadas”.

En consecuencia, agregó, “no se conocerán en audiencia pública las pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de la República (FGR), lo que limita la posibilidad de acceder a una reconstrucción más amplia de lo sucedido. Este aspecto tiene un impacto relevante en el derecho a la verdad en su dimensión colectiva: el derecho que la sociedad tiene a conocer qué ocurrió en el asesinato del padre Marcelo”.

La agrupación, que acompañó al sacerdote desde 2015 hasta su asesinato el 20 de octubre de 2024 en San Cristóbal, manifestó que el hecho de que Edgar M “se haya sometido a un procedimiento abreviado no determina necesariamente la situación de los demás acusados, ya que se trata de responsabilidades penales individuales, por lo que todavía falta que los otros implicados enfrenten la justicia”.

Añadió que su condena “cierra únicamente la investigación relativa a la autoría material del caso, pero permanece pendiente determinar la responsabilidad de quienes planearon, participaron o facilitaron” el crimen.

SweFOR, organización de carácter ecuménico creada en 1919 y miembro del Movimiento Internacional por la Reconciliación (IFOR), que tiene estatus consultivo ante la Organización de Naciones Unidades (ONU), expresó que “es importante señalar que lejos de tratarse de un crimen aislado, el asesinato del padre Marcelo se enmarca en un conflicto de largo aliento en los Altos de Chiapas y en una dinámica de violencia generalizada tanto en el estado como en el país que se ensaña con las personas defensoras de derechos humanos”.

Recordó que el presbítero tsotsil, titular de la parroquia de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas y defensor de derechos humanos, fue asesinado a balazos la mañana del domingo 20 de octubre de 2024 frente al templo del barrio de Cuxtitali, cuando salía de oficiar una misa.

“Un último elemento que preocupa a SweFOR es la falta de reconocimiento de su rol como defensor de derechos humanos, así como tampoco la consideración que su asesinato fue motivado por esta labor. Sin haberse contemplado como un agravante en la sentencia, su homicidio ha sido juzgado como un asesinato ordinario”, aseveró.

“Para el padre Marcelo, sus actividades de mediación intercomunitaria fueron herramientas fundamentales para la construcción de la paz. Pese a ello, fue objeto de hostigamientos y difamaciones, hasta que en julio de 2022 se emitió una orden de aprehensión en su contra, que no llegó a efectuarse, pese a ser beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

La organización sueca instó a las autoridades a que “la investigación de su asesinato continúe, tomando en cuenta su trayectoria de defensoría de los derechos humanos, así como sus antecedentes en términos de múltiples agresiones a lo largo de más de una década”.