Ciudad de México. A pesar de que los habitantes de América Latina representan alrededor del 9 por ciento de la población mundial, la región concentra más del 30 por ciento de los homicidios, consecuencia “en gran parte del avance de la delincuencia organizada que opera con impunidad”, denunciaron organizaciones civiles, entre ellas la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Indicaron que frente a este contexto existen desafíos en los sistemas de justicia en las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada, ya que en diversos países hay “infiltración de estructuras criminales”, a lo que se suman las “deficiencias” como escasa capacidad técnica para investigar y procesos judiciales lentos.

Destacaron que el crimen organizado “genera patrones complejos de victimización que implican graves violaciones a derechos humanos”, como homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamiento, ataques contra personas defensoras, periodistas y líderes comunitarios.

Por ello, las organizaciones, entre éstas también Cristosal y Fundación para el Debido Proceso, demandaron que los Estados de la región fortalezcan su respuesta al crimen organizado, y que dialoguen con sociedad civil, ya que a través de su experiencia pueden enriquecer las estrategias institucionales.

Frente a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum; y los comisionados Andrea Pochak, Carlos Bernal, entre otros, expusieron que el análisis de registros judiciales identifica “cuellos de botella, omisiones sistemáticas y patrones de impunidad en la investigación y procesamiento de delitos complejos y en el uso de herramientas legales o la cooperación interinstitucional o su ausencia”.

Advirtieron que el porcentaje de bienes efectivamente decomisados “suele ser ínfimo respecto al valor estimado de los ilícitos involucrados”.

Las organizaciones también presentaron algunas recomendaciones para atender el problema, como la reorientación de las políticas criminales “ante el fracaso tradicional centrado en la coacción y el uso de la fuerza para reducir la violencia estructural o desmantelar redes criminales”.

Se requiere, enfatizaron, una estrategia preventiva “centrada en la población desde un enfoque de la seguridad humana”.

Por su parte, la comisionada Pochak resaltó la importancia de los aportes de las organizaciones ante un trabajo que lleva a cabo la CIDH para la elaboración de una resolución sobre este asunto.