Ciudad de México. En la región de las Américas y el Caribe, la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (Lgbti) “sigue siendo alarmantemente alta”, aseguró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Indicó que según un observatorio de la sociedad civil, casi 3 mil personas de la diversidad sexual han sido asesinadas desde 2014.
En el contexto de las celebraciones del Orgullo Lgbti, llamó a los Estados del hemisferio, incluido México, a adoptar medidas concretas, legislativas y de política pública para poner fin a la violencia, la discriminación y la exclusión social basadas en prejuicios contra orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género o características sexuales no normativas.
La CIDH indicó que en los últimos años, los Estados de las Américas y el Caribe han instrumentado gradualmente reformas legales, institucionales y de políticas públicas para combatir la violencia y la discriminación contra las personas Lgbti.
Los avances, apuntó, incluyen la adopción de protocolos para la investigación y el enjuiciamiento de delitos contra personas de la diversidad sexual, el reconocimiento legal de delitos basados en prejuicios, como los transfemicidios, y la capacitación continua de personas operadoras de justicia en temas de diversidad y derechos humanos.
Sin embargo, destacó que la región aún enfrenta serios desafíos que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos humanos de esta población.
Señaló que l a situación se ve agravada por el aumento de los discursos estigmatizantes por parte de líderes políticos y campañas de desinformación dirigidas contra personas Lgbti, activistas y defensoras. Estos desafíos, expuso, subrayan la urgente necesidad de una acción regional sostenida para proteger a estas personas y garantizar la igualdad de acceso a la justicia y a los derechos humanos.
La CIDH destacó que también ha registrado intentos de revertir derechos ya garantizados para las personas trans y la comunidad Lgbti en general. Estas medidas regresivas incluyen esfuerzos para restringir su acceso a la atención médica, eliminar términos como "diversidad" y "género" de las políticas públicas, desmantelar las instituciones que promueven la igualdad y reinstaurar leyes que penalizan las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo.
“Esta regresión amenaza los avances alcanzados con gran empeño y subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos para defender y garantizar los derechos humanos de las personas Lgbti”.