Ante el cierre de gasolineras en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, admitió que algunos empresarios del sector fueron amenazados por el crimen organizado y en otros casos los propios dueños abandonaron las estaciones de servicio. En ese contexto, indicó que no hay una intención deliberada del gobierno federal en contra de los concesionarios del sector.

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por la denuncia que realizó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo por la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas –cinco hombres y tres mujeres– a manos de agentes estatales, el pasado día 5 de este mes. En un comunicado, la procuraduría reiteró su compromiso de actuar bajo los principios de legalidad, presunción de inocencia, así como respeto irrestricto a los derechos humanos, el debido proceso y el estado de derecho. Las circunstancias de estos acontecimientos están siendo investigadas para determinar la forma en que sucedieron los mismos, acotó.

Integrantes del colectivo Solidarios de la Voz del Amate exigieron al gobierno de Chiapas la excarcelación inmediata de nueve presos políticos que se encuentran injustamente privados de su libertad en el Centro Estatal para Reinserción Social número 5 de San Cristóbal de las Casas.

Obispos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador exhortaron a los gobiernos de sus respectivos países y al de Estados Unidos a vencer los miedos que genera la migración y reiteraron su demanda de respeto a los derechos humanos de los migrantes, defensores, agentes de pastoral así como de los albergues que reciben a esta población.

México y la Unión Europea acordaron mejorar la cooperación en asuntos multilaterales, lo que incluye protección y promoción de los derechos humanos, lucha contra todas las formas de xenofobia, discriminación racial e intolerancia, así como igualdad de género, entre otros.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, informó que están preparando otras cuatro denuncias contra Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, por desvío de recursos. Estarán listas antes de que concluya el año, aseguró.

Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien fue sentenciado por un juez federal en Brooklyn, Nueva York, a cadena perpetua, desconoció a los abogados mexicanos Juan Pablo Badillo Soto y José Luis González Meza, quienes han promovido una serie de amparos contra su extradición a Estados Unidos.

En 2007, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo ingresos excedentes por más de 746 millones de pesos como resultado del aseguramiento de 205 millones de dólares que fueron localizados en la residencia del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, y al menos 50 por ciento de esos recursos los destinó a tareas de construcción, adecuación, remodelación y mantenimiento de infraestructura, refieren informes de la actual Fiscalía General de la República (FGR).

El gobierno mexicano rechazó la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobada en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para resolver los conflictos internos de Venezuela, al considerar inaceptable el uso de un mecanismo que utilice la fuerza militar.

Si los diputados no modifican la propuesta presupuestal del gobierno los pueblos indígenas y afromexicanos del país sufrirán un brutal recorte en apoyos, advirtió la Red Nacional Indígena (RNI).

Después de dos días de protestas en el estado de Morelos por parte de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que las empresas D&C Jiménez e Iwet Concept de México, SA de CV, fueron suspendidas debido a que son investigadas por los reportes de los mismos aprendices de que eran obligados a entregar parte de su beca, por lo que ya se interpusieron las denuncias penales correspondientes. El martes pasado los quejosos acusaron a ambas compañías de haber impedido su entrada porque se negaron a entregar documentos a los encargados del programa, entre ellos credenciales de elector para fines políticos. La dependencia indicó que ya se interpusieron denuncias penales y se fincarán responsabilidades por esas acciones.