Los servidores públicos contaron con la garantía de audiencia sin que desacreditaran la imputación que obraba en su contra.

La candidata presidencial presentó una propuesta de simplificación administrativa para hacer más eficiente el servicio público.

En el artículo 256 se consideraba como persona servidora pública a quien tuviera la dirección o administración de una asociación civil que recibiera fondos, recursos o apoyos públicos.

El gobernador Samuel García, niega que la retención de nómina obedezca a tintes políticos.

El Tribunal aprobó los lineamientos para evitar la injerencia y/o participación de personas servidoras públicas que manejan programas sociales en el proceso electoral.

Invalidó preceptos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, así como un artículo de la Ley de Imagen Institucional del Estado de Yucatán.

Sueldos de la burocracia, pago de deuda y pensiones, entre erogaciones. También, las aportaciones para los estados y los municipios.

La dependencia federal procesó más de 16 mil presuntas faltas administrativas, dijo su titular, Roberto Salcedo Aquino.

La solicitud hecha por el MP de la nación centroamericana es a petición de EU, quien requiere en extradición a los dos diputados y a los dos alcaldes.

Los cinco imputados fueron separados de sus funciones durante el tiempo que duré la investigación.

La dependencia estatal de Seguridad refrendó su política de “cero tolerancia” con los malos servidores públicos.

Es un acto anticipado de campaña rumbo a las elecciones de 2023 y la sucesión presidencial de 2024, expresó el partido del ‘Sol Azteca’ en su queja ante el INE.

La inhabilitación perpetua para ocupar un cargo público por corrupción es excesiva, decidió por unanimidad el pleno de ministros.

Por teléfono, correo electrónico y redes sociales, el órgano fiscal recibe quejas contra las prácticas irregulares cometidas por servidores y contribuyentes.

Ulises Lara, vocero de la dependencia señaló serán implacables en la investigación de delitos cometidos por funcionarios de todos los niveles.

De enero de 2019 a febrero pasado aplicó dos mil 52 sanciones; 197, del gobierno anterior.

El instituto reportó que el 30 de junio de 2020 fueron expuestos públicamente la CURP y el RFC de 830 trabajadores de la federación.

Ulises Lara, vocero de la FGJ CDMX aclaró que una vez que se integre la carpeta de investigación, se decidirá la suspensión de los servidores públicos.

La procuradora Ernestina Godoy entregó al Congreso CDMX la iniciativa.