Ciudad de México. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se establecen los principios de integridad para la actuación de los servidores públicos con funciones administrativas del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El documento detalla y define trece principios rectores del servicio público, entre ellos la Austeridad, Honradez, Legalidad e Imparcialidad, junto con obligaciones específicas para el personal. Asimismo, el acuerdo crea la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades para garantizar el cumplimiento de estas normas éticas.

El OAJ señala que el acuerdo tiene como objetivo establecer los principios de integridad obligatorios para el personal con funciones administrativas dentro del PJF.

Indica que  surge a raíz de la reforma constitucional en la materia que se publicó en el DOF en septiembre de 2024 y subraya el compromiso de cero tolerancia contra el nepotismo y la corrupción, alineándose con leyes de responsabilidad y convenciones internacionales.

"Para garantizar el interés público, el fortalecimiento de la confianza ciudadana, la correcta función administrativa se deberá actuar conforme a los principios rectores previstos en este instrumento".

Respecto a la imparcialidad, detalla que los servidores públicos darán a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

Sobre la rendición de cuentas, refiere que los  servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

Asimismo, deberán emplear de manera responsable los recursos materiales, financieros, humanos y/o tecnológicos que tengan a su disposición, únicamente para los fines de su función, procurando el interés general.

Además convivirán en ambientes libres de violencia. Se abstendrán de llevar a cabo conductas -acciones u omisiones- con el objetivo de intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a cualquier otra, a partir de actos o comportamientos hostiles o violentos, mediante la exclusión total de cualquier labor asignada, agresiones físicas o verbales en su contra, asignación excesiva de carga de trabajo u otros que puedan afectar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad.

Entre otros puntos que se pueden consultar en el DOF, el acuerdo  prohíbe la discriminación, por ello, los servidores  públicos evitarán actuar partiendo de estereotipos o prejuicios, por el contrario, es obligación contribuir a erradicar todas las formas de discriminación, reconociendo en todo momento la pluriculturalidad y/o situaciones de vulnerabilidad de las personas.