José Manuel Pérez habría modificado sin autorización el acceso al sitio, instalando mecanismos de seguridad y "cortinillas” que redirigían a otra página sin contenido oficial. Por ello es probable responsable del delito de acceso ilícito a sistemas informáticos, en perjuicio de la dependencia federal.
Juan Pablo Vargas Báez está relacionado con el grupo que se encargaba de traficar armas de grueso calibre, explosivos y cartuchos de Tucson, Arizona, Estados Unidos, a Nogales, Sonora.
Los hechos por los que es investigado ocurrieron el 10 de abril de este año en Kantunilkín, municipio de Lázaro Cárdenas, cuando las víctimas presuntamente fueron privadas de su libertad por cuatro sujetos que con armas largas los amenazaron para que subieran a un vehículo; posteriormente fueron encontrados sin vida.
Juni Serra es una empresa de la cual es accionista el panista, Ricardo Anaya, y que a través de una compra simulada de una propiedad se obtuvieron 44 mdp.
El uniformado presuntamente participó en la detención ilegal de la víctima con la finalidad de causarle daño y torturarlo, lo agredió sexualmente y lo lesionó, razón por la que después murió José Francisco.
Antes de participar, los menores deberán contar con el consentimiento de sus madres, padres o personas tutoras antes de producir cualquier propaganda o material de índole electoral.
Junto con Giovanny Lara y Cristian Rivera serán procesados por presunta delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo y posesión de drogas.
Si bien el juicio es por presuntamente aceptar sobornos y conspiración a favor del narcotráfico, recordó que su gobierno abrió otro proceso para recuperar 700 mdd.
“Los obispos de México expresamos nuestra preocupación por diversos señalamientos que se han hecho sobre irregularidades en el proceso legislativo" señaló Ramón Castro.
El múltiple asesinato ocurrió el pasado 11 de febrero, cuando los presuntos involucrados privaron de la libertad y luego asesinaron a las víctimas en el bar La Cueva.
A la víctima, Jenifer ‘R’, nunca recibió atención médica luego de recibir una golpiza entre varias personas en un centro contra las adicciones de Lázaro Cárdenas.
Fernando ‘N’ es imputado por delitos contra la salud y portación de arma de fuego; queda pendiente la vinculación por la muerte de la joven que saltó del auto en movimiento.
La administración de Víctor Hugo Romo hizo pagos para concluir las obras, que estaban programadas para finales de 2014, pero todavía en 2015 se hicieron tres pagos de finiquito.
El juez dio tiempo mientras se resuelve el amparo promovido por el ex gobernador de NL contra la vinculación a proceso por una supuesta requisa ilegal.
