Ciudad de México. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), diversas organizaciones entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona, Mujeres Libres COLEM y Mujeres Trabajando en Pro de los Derechos Humanos, señalaron que en las últimas tres décadas, la violencia por razones de género se ha ido visibilizando y se ha construido un andamiaje institucional específico para prevenirla, atenderla y erradicarla. Sin embargo, en territorio “hay un agravamiento y una complejización de las violencias, así como graves omisiones del Estado”. 

Las agrupaciones de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, lamentaron que en México se mantengan “cifras superiores a 10 mujeres asesinadas al día, con mayor presencia de tortura y saña en los feminicidios y una vinculación cada vez más clara con desapariciones y con el crimen organizado”. 

Dijeron que “no se trata solo de que hoy se vea más: hablamos de un incremento real y grave de la violencia feminicida, que se expande hacia territorios indígenas y rurales y se expresa en patrones extremos, como mujeres embarazadas desaparecidas y posteriormente asesinadas, con extracción de sus bebés. Estos hechos ocurren además en un contexto en el que, desde altos niveles de gobierno, se minimiza públicamente la violencia contra las mujeres”. 

Al mismo tiempo, advirtieron se consolidan nuevas modalidades y se profundizan violencias ya conocidas: violencia digital que llega a comunidades urbanas e indígenas; uso de inteligencia artificial para generar imágenes íntimas sin consentimiento y extorsionar a niñas, adolescentes y mujeres; agresiones con ácido; violencia vicaria que utiliza a hijas e hijos como instrumentos de control; y violencia comunitaria y discursos de odio que legitiman y reproducen el riesgo en la vida cotidiana. 

“La violencia sigue siendo, además, ocultada o minimizada cuando se borran las razones de género y los hechos se tratan como delitos “comunes”, lo que impide dimensionar la magnitud del problema, bloquea el acceso a la justicia y envía un mensaje de tolerancia institucional frente a la violencia feminicida”. 

Añadieron que “la violencia institucional se ha vuelto un hilo conductor que agrava la situación”, ya que algunas instancias creadas para proteger a las mujeres reproducen prácticas de revictimización, omisión, descalificación o persecución de las propias víctimas, mientras se minimiza la actuación de agresores. 

“La incapacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado invisibiliza a mujeres desaparecidas en fosas clandestinas y, en no pocos casos, las mujeres que denuncian terminan siendo criminalizadas. A ello se suma que los refugios y otros mecanismos de protección enfrentan largos periodos sin presupuesto completo ni oportuno. Estas decisiones no son neutras: constituyen violencia institucional directa”. 

Aseguraron que existen “factores estructurales” que complican más la situación, entre ellas “la militarización, que impacta con especial fuerza a mujeres indígenas y migrantes; la polarización política, con un uso instrumental de conceptos como la violencia política de género; el crimen organizado, que recluta forzosamente a mujeres y se vincula sistemáticamente con feminicidios y desapariciones; y un sistema de justicia que emite resoluciones favorables a agresores, mantiene encarceladas a defensoras y libera feminicidas por deficiencias procesales”. 

Ante esas realidades exigieron un presupuesto garantizado y progresivo para la protección de las mujeres, que asegure recursos suficientes, oportunos y no discrecionales para refugios y otros mecanismos de protección, con reglas de operación claras, transparencia y evaluación de impacto en la disminución de la violencia y en el acceso a la justicia. 

“La falta de recursos adecuados y continuos es, en sí misma, una forma de violencia institucional. En este rubro, el fortalecimiento de las Alertas de Género es indispensable para que cumplan con el fin que se proponen: acciones extraordinarias frente a contextos extraordinarios”. 

Asimismo demandaron protección integral y justicia efectiva, que implica reformas legislativas acordes con las realidades actuales (incluida la violencia digital, vicaria y feminicida), canales de denuncia especializados y libres de revictimización, corresponsabilidad real entre los tres órdenes de gobierno en la prevención, atención, protección, investigación, sanción y reparación, así como protocolos de actuación con perspectiva de género que eviten tanto la invisibilización de los feminicidios como la criminalización de las mujeres que denuncian.

“Este 25 de noviembre, las organizaciones firmantes reiteramos que son indispensables acciones serias, urgentes y sostenidas, proporcionales a la magnitud de la violencia que viven las mujeres en México hoy. Sin presupuesto garantizado y progresivo, y sin un sistema de justicia que realmente proteja y repare, cualquier discurso contra la violencia de género queda vacío”.

Otras organizaciones firmantes del pronunciamiento son: Arthemisas por la Equidad,(Arthemisas), Nuevo León; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFJG), Tlaxcala; Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Tabasco y Fundación para la Justicia.

Abandono institucional frente a violencia vicaria

Por otra parte integrantes de agrupaciones que luchan contra la violencia vicaria, aseguraron que pese a las promesas gubernamentales “seguimos en el abandono institucional” y con “políticas públicas que solamente parecen como de escaparate, porque no están dirigidas a atender las fallas sistémicas” en torno a este tipo de agresión de género y a merced de “jueces familiares que negocian con las custodias infantiles”. 

En conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y acompañadas por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Gabriela Pablos de Madres Libertarias y Elisa María Zaldívar de Justicia para Madres e Infancias, aseguraron que pese a la visibilidad que en los últimos o años ha tenido este tipo de agresión, las mujeres siguen enfrentándose contra un sistema judicial que las revictimiza a ellas y a sus hijas e hijos y hace caso omiso de sus denuncias. 

Pablos sostuvo que “nos hemos enfrentado a que personas del gobierno que se comprometieron con las madres y con las infancias a erradicar la violencia vicaria, y ahora nos dan la espalda, por esos protestamos para pedirles que recuerden el compromiso”. 

Remarcó que en este 25N “le hacemos un llamado atento, sororo y cordial a todas las autoridades que hoy se visten de morado, pero que han decidido ignorarnos, a que cesen con esta sororidad selectiva y a que realmente sea una realidad. Estamos muy cansadas de estar pidiendo lo que deberíamos tener; que es acceso a la justicia”. 

Zaldívar acotó que la violencia vicaria “es un ilícito que engloba infinidad de delitos, que van coadyuvando con todas las acciones que la violencia institucional ejecuta en contra de nosotras” y llamó a “todos los jueces familiares que negocian con nuestras custodias, con las custodias de nuestros hijos, esto no debería ser posible”. 

Asimismo, la abogada veracruzana víctima de violencia vicaria criticó que algunos “fiscales colaboren con agresores para poder dilatar los procedimientos, no aceptar nuestras pruebas, pero sí las de los agresores y apoyándolos en la integración de sus carpetas”. 

En cambio a las madres les tardan en el proceso: “no es posible que judicialicen carpetas después de dos, tres, cuatro años, cuando se supone que la justicia es pronta y expedita, y menos cuando se trata de mujeres y de niños”. 

Destacó que los son principalmente violentados son las infancias. “Llamamos también a los jueces de distrito, a los magistrados, al Poder Judicial a dejar de favorecer a los agresores, quitando órdenes de aprehensión, quitándoles vinculaciones a proceso”.

Apuntó que en contraparte, en ocasiones quienes terminan privadas de la libertad son las mamás, quienes también derivado de estos juicios, el caso puede “terminar en el feminicidio”. 

Informaron que ante estas situaciones crearon, con apoyo del Fondo de Canadá, de la Embajada de Canadá, una guía que es una “herramienta práctica ante el caótico camino que representa el acceso a la justicia en nuestro país. Se para no enfrentar sola a un sistema que revictimiza. Esta guía busca ser refugio y herramienta de transformación: un espacio seguro donde las mujeres encuentren no solo información jurídica, sino comprensión, validación y estrategias reales construidas desde la experiencia colectiva. 

Actualmente, las cuatro madres mexicanas: Gabriela Pablos, Elisa Zaldívar, Blanca Paredes y Blanca Cardona, acompañadas por RSDCIAC, tienen sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo los primeros de Latinoamérica en escalar ante instancias.