Ciudad de México. El número de arbitrajes entre inversionistas extranjeros y naciones soberanas está aumentando, con un total de al menos 50 casos al año en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es una unidad especial del Banco Mundial, de acuerdo con la calificadora Moody’s.

En el reporte “Las disputas multimillonarias entre inversionistas y Estados pueden amenazar la fortaleza crediticia”, la firma explicó que los 50 casos se presentaron en siete de los últimos 10 años y que en la década anterior el promedio fue 33 casos. 

La tendencia es especialmente notable en México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, ya que los soberanos de estas regiones lideraron el recuento global de casos en 2024. 

Estas acciones se han convertido en una fuente de estrés en el perfil crediticio de los soberanos, que perdieron más de la mitad de los casos resueltos el año pasado. 

“Las crisis económicas, nacionalizaciones y sentencias judiciales de los soberanos suelen desencadenar disputas entre inversionistas y Estados”, menciona Moody’s en su análisis. “Estos casos pueden presentar un riesgo fiscal significativo para los soberanos, ya que las demandas de compensación gubernamental representan cerca del 9 por ciento del producto interno bruto (PIB) en promedio”, agrega. 

Moody’s explicó que los casos de arbitraje podrían tener implicaciones fiscales, ya que las grandes sumas concedidas a los inversionistas a causa de sentencias negativas podrían incrementar los costos, reducir el espacio fiscal, aumentar la carga de la deuda y potencialmente debilitar la fortaleza fiscal de los soberanos afectados. 

Según el reporte, las empresas de petróleo, gas y minería por sí solas representan el 26 por ciento de los casos totales registrados. 

En el documento se destaca que los inversionistas pueden mostrarse escépticos ante el clima empresarial de los soberanos que con frecuencia pierden las disputas arbitrales. 

El incumplimiento de las decisiones del CIADI también socava la confianza de los inversionistas, limita el crecimiento y puede tener implicaciones crediticias negativas en los sectores asociados.

“Algunos países se han retirado del CIADI debido a la imposición de sanciones elevadas, lo que repercute negativamente en la calidad institucional y la eficacia de las políticas, como lo señala la evaluación de las puntuaciones de fortaleza institucional y de gobierno”, señala la institución financiera.