La presidenta Claudia Sheinbaum no quiso llegar sola, sino que con ella llegaran todas, Y lo está cumpliendo, no es necesario hacer un recuento de la integración de su gabinete ni de los encargos claves que las mujeres tienen hoy en todos los órdenes de gobierno. No es sólo el fruto de una voluntad individual, por importante que sea, sino un logro de las resistencias y la persistencia de los movimientos de mujeres. 

Pero, como acaba de mostrarse en el incidente de abuso a la propia Presidenta, el sexismo realmente existente sigue ahí. Parafraseando a Gramsci: no basta con que la línea del frente del machismo haya caído: la cultura sexista sigue refugiada en una serie de trincheras, casamatas, bastiones en la vida cotidiana. 

No sólo hay abusadores y acosadores callejeros, teporochos, los hay también de saco y corbata, título universitario, pertrechados en oficinas de gobierno, protegidos por un puesto o nombramiento. Sus víctimas son muchas de las mujeres que llegan a encargos públicos. 

Una excepción que debiera ser regla general: una ingeniera, empleada de la CFE en provincia, era acosada sistemáticamente por un compañero de trabajo. Luego de pensarlo y asesorarse, interpuso la denuncia por acoso ante el órgano interno de control. Éste envió de inmediato una persona desde el centro a investigar el caso y de manera expedita, legal y justa se despidió al acosador, empleado de la paraestatal. 

Cuenta mucho que, tanto la directora general de la CFE como la titular de la Secretaría de Energía, donde aquella está sectorizada, sean mujeres. No debería depender de ello, porque la salvaguarda de la igualdad sustantiva de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia están garantizadas por la ley, independientemente del género de las y los titulares de las dependencias donde laboran. 

Pero no es así, porque tanto en los gobiernos locales como en el federal siguen presentándose casos de violencia laboral y sexual. Las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana, pero mucho se puede acelerar la transformación si se detectan las fallas, vacíos legales o actitudes que contribuyen a la impunidad y, por tanto, a la persistencia del acoso y la violencia de género. 

Un primer problema es que la primera instancia que conoce de las denuncias de acoso y de abuso en el interior de las dependencias son los órganos internos de control de éstas. Muchas veces no hay una perspectiva de género en las y sobre todo en los titulares. Así, se revictimiza a la persona acosada o abusada, se establecen largos procesos administrativos y mientras tanto la víctima continúa bajo las órdenes o en la misma oficina que el agresor. Es un largo y sinuoso camino para las personas acosadas o abusadas. 

Un segundo problema es que, para algunos y algunas funcionarias de las unidades de género de las dependencias, para que haya acoso tiene que haber asimetría en los puestos, es decir, que la persona acosada tenga un cargo de inferior rango al de la acosadora. No siempre es así en la práctica: hay numerosos casos en que hay una simetría de puestos o responsabilidades, y hay otros factores intervinientes que le dan poder, aunque sea no formal, al acosador, sobre todo en las instituciones de procuración de justicia, como la Fiscalía General de la República. 

Un tercer problema es el vacío legal que contribuye a la impunidad de los agresores: si bien el abuso sexual y el hostigamiento están tipificados en el Código Penal Federal, no lo está el acoso. La Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el artículo 13: “El acoso sexual es una forma de violencia en que, si bien, no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”. 

Por lo tanto, las personas servidoras públicas que sufren acoso sexual (mujeres en su gran mayoría), en los términos del anterior artículo, por parte de otra persona funcionaria federal en su mismo nivel jerárquico, no tienen acceso a denunciar penalmente. Si no hay delito no hay pena, vía abierta a la impunidad. En este punto es urgente que el Poder Legislativo haga lo necesario para que el acoso sexual federal sea incluido en el Código Penal Federal. 

Un cuarto problema es que también en el Poder Judicial se cuecen habas: la perspectiva de género no está presente en todas las personas juzgadoras. Y a veces se llega a absurdos como que la víctima tenga que demostrar que el agresor “le hizo tocamientos con lascivia”. 

El parteaguas del 1º de octubre de 2024 debe hacerse realidad continua para todas las mujeres que llegan a algún encargo público. Así como se ha ido desmantelando la institucionalidad neoliberal, hay que desmontar los mecanismos sexistas y de violencia de género que se ocultan en la cotidianidad. Investigarlos, escuchar a las víctimas, desterrarlos. Ineludible asignatura pendiente para la Secretaría de la Mujer y para las legisladoras y legisladores federales, cuando menos.