Guadalajara, Jal. El juez de Control y Oralidad del Primer Distrito Judicial con sede en el complejo carcelario de Puente Grande decretó legales las detenciones de 40 adultos realizadas el sábado pasado en el centro de esta capital por policías estatales y municipales luego de la marcha del 15N y una serie de destrozos y actos vandálicos que, durante tres horas, encapuchados causaron en palacio de gobierno, plaza de armas y congreso del estado.

Tras una larga primera audiencia que inició desde la mañana y concluyó en la noche de este martes, el juez admitió la petición del Ministerio Público para ampliar 72 horas el término constitucional, por lo que será hasta el jueves cuando de acuerdo a las acusaciones contra cada uno de los detenidos se decida quienes serán vinculados a proceso.

Los 40 detenidos que desde la tarde del lunes están en Puente Grande (hay otros 4 menores de edad que fueron puestos a disposición de un juez especializado) fueron acusados por la Fiscalía del Estado por el delito de Daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Además del delito anterior, tres de los detenidos suman la acusación de daño en las cosas y a otros cuatro se les agrega el delito de lesiones y delitos cometidos en contra de representantes de la autoridad.

La decisión del juez de declarar legales las detenciones permitirá que la agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación allegue más pruebas para respaldar sus señalamientos, pues a decir de familiares y padres de los detenidos que durante todo el día estuvieron a las afueras del juzgado, lo único que mostró la representante de la fiscalía fueron videos tomados de redes sociales en los que se aprecia sobre todo los abusos policiales durante las detenciones. 

Los familiares insisten en varios casos que sus hijos no participaron en los disturbios y que fueron detenidos de forma aleatoria cuando los policías recibieron la orden de capturar a los encapuchados, incluso fuera del perímetro en torno a palacio de gobierno pues en algunos casos hubo detenciones a cuadras de distancia.

Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y, este martes, el Proyecto Migala que tiene una red nacional y se vincula a través de redes sociales, condenó la “brutalidad policiaca” y dijo que se trató de detenciones arbitrarias de personas inocentes, por lo que exigió la inmediata liberación de los 40.

En el Congreso de Jalisco, durante la glosa de seguridad del primer informe del gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, reconoció también este martes que hay dos policías bajo investigación por presuntos excesos durante las detenciones, que incluyeron agresiones a periodistas.

"A la hora de estar en los momentos álgidos toman su propia decisión y cuando es una decisión equivocada, pues obviamente serán sancionados", dijo.