A poco más de un año de que el gobierno federal emitió un decreto para instalar un comité encaminado a liberar a personas detenidas que acumulan más de una década sin sentencia, mayores de 70 años que no están acusados de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o a víctimas de tortura, la semana pasada la Secretaría de Gobernación (SG) publicó las reglas de operación, sin informar de algún avance en sus objetivos.

Aliados contra la propuesta de reforma al artículo 5º transitorio de la Constitución promovida por el PRI, por la cual se extendería el plazo a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, el PAN y el PRD hicieron pública una declaración de reproche al presidente Andrés Manuel López Obrador y las acciones emprendidas durante su administración para garantizar seguridad a la población.

La extinción del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) se decidió porque dicho esquema se fue deteriorando, comenzó a utilizarse con fines políticos y había dejado de cumplir el propósito por el cual fue creado, afirmó Edna Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En lo que va del sexenio, 86.5 por ciento de las denuncias ciudadanas por posibles actos de corrupción recibidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) han sido descartadas por improcedentes y sólo 13.5 por ciento han sido admitidas y remitidas a las autoridades correspondientes para su atención.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará los efectos del programa Quédate en México, en un proyecto de sentencia que ordena a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y al Instituto Nacional de las Mujeres tomar medidas para cuidar especialmente de niños, mujeres y personas con alguna discapacidad afectados por esta medida del gobierno estadunidense.

Siete de cada 10 personas en el país consideran que no debe enseñarse religión en las escuelas públicas. El rechazo sube a nueve de cada 10, en el caso de quienes no tienen filiación religiosa, establece la Encuesta de Opinión sobre Religión, Política y Sexualidad en México. El sondeo de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) revela que 70 por ciento de los consultados están en desacuerdo con que líderes religiosos llamen a votar en favor o en contra de un candidato o un partido; se indica que 59 por ciento tampoco considera que los creyentes deban sufragar por candidaturas contra el aborto. En contraparte, 25 por ciento estima que un buen creyente debe apoyar candidaturas que se oponen a la interrupción del embarazo y en general menos de 30 por ciento de la población considera que las decisiones políticas sobre el aborto tengan que ser tomadas de acuerdo con las creencias ­religiosas.