La extinción del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) se decidió porque dicho esquema se fue deteriorando, comenzó a utilizarse con fines políticos y había dejado de cumplir el propósito por el cual fue creado, afirmó Edna Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En entrevista con La Jornada, la funcionaria explicó que la desaparición del mencionado fondo –anunciada el pasado 26 de agosto en el Diario Oficial de la Federación– tuvo como origen una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar la utilidad de programas dispersos, sin coordinación y sin visión integral de atención a los más vulnerables.

Aunque el Fonhapo surgió en 1981 con un propósito muy noble, que era atender las necesidades de vivienda de la población no asalariada y con ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos, el esquema se fue deteriorando, se fue alejando de sus objetivos y terminó siendo utilizado políticamente.

Un ejemplo de ello, señaló Vega, es que en diversos gobiernos se utilizó ese fondo como una caja chica de la Secretaría de Gobernación, pues sus recursos eran utilizados para ofrecer proyectos de vivienda a grupos sociales que manifestaban sus inconformidades.

De 1980 al año 2000 se financiaron más de 640 mil viviendas. Se hicieron muchas cooperativas con gran participación de la gente, y mucho de esto era con figuras de crédito, pero en 2006 dejó de otorgarlos y empezó a dar sólo subsidios muy pequeños, que en ocasiones únicamente abastecían a las personas de paquetes de materiales de construcción.

De acuerdo con la subsecretaria, las funciones del Fonhapo fueron asumidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que en los cuatro años de la actual administración ha otorgado 312 mil subsidios, la mayoría dirigidos al programa de autoproducción de casas que ha impulsado la Sedatu, y el resto a esquemas de producción social de vivienda.

La extinción del fideicomiso del Fonhapo era necesaria y ahora el reto es cómo multiplicar la atención en dos vías: la del crédito, que la Conavi no tiene facultades legales para otorgar, y en la focalización de los subsidios, detalló.