Nuevo Vallarta, Nay. La designación de los cárteles de la droga mexicana como grupos terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos genera mayor presión sobre el sistema financiero mexicano y pone en riesgo la banca corresponsal y su interconectividad. “No todo sigue igual”, reconoció Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Bajo el escenario actual no se pueden aventurar más riesgos o posibles efectos de dicha medida. Sin embargo, el combate al crimen organizado está en lo más alto de la agenda del gobierno federal y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró la representante de la presidencia en GAFI, que actualmente ostenta México.

Durante su participación en la 88 Convención Bancaria, De Anda Madrazo explicó que las organizaciones del crimen organizado tienen un abanico tan amplio de actividades que los bancos no sólo “tienen que invertir como nunca” para dar seguimiento a este ilícito, sino también fortalecer sus asociaciones con el sector público para intercambiar información.

“No podemos quedarnos con la noción de que es un intercambio solamente de tráfico de drogas y en particular de fentanilo. Sí, es un componente primario y el más importante en la generación de recursos de procedencia ilícita para el crimen organizado, pero cada vez más vemos diversificación”, enfatizó.

La presidenta de GAFI –organización multilateral dedicada a diseñar políticas para el combate al lavado de dinero– reiteró que las áreas de riesgo de los bancos no se pueden quedar en dar seguimiento al fentanilo u otras actividades que históricamente se consideran vulnerables. Para ejemplo el anuncio del Departamento de Tesoro, que la semana pasada señaló que al huachicol –robo de combustible– como la segunda fuente de ingresos para los cárteles de la droga.

Dada la diversificación de actividades ilícitas, cada vez es más difícil dar seguimiento y de ahí la importancia que las autoridades den la información sobre las tipologías y objetivos concretos, así como el que se fortalezcan las asociaciones público-privadas y también bilaterales México-Estados Unidos, apuntó José Luis Stein-Velasco González-Casanova, director Regional de Delitos Financieros para México y Latinoamérica en HSBC.

“Si realmente queremos dar tiros de precisión, necesitamos esta colaboración donde la autoridad nos diga con todo detalle: ‘estos son los objetivos’ (...) incluso trabajando simultáneamente en iniciativas público-privadas bilaterales que tengan a las autoridades y a los bancos de ambos países trabajando con una óptica operativa”, comentó Stein-Velasco.

“Estamos en una situación sumamente compleja”, enfatizó con la designación de los cárteles de la droga como organizaciones del crimen organizado porque las sanciones por parte del Departamento del Tesoro no sólo afecta a un banco sino a la credibilidad de todo el sistema financiero.

Añadió que una primera arma que tienen las autoridades estadunidenses para afectar a las organizaciones bancarias de México se encuentra la designación como facilitadoras de lavado de dinero del crimen organizado, la segunda es que eviten que tengan corresponsalías en Estados Unidos y, la más aguda, que se les designe como coludidas con el crimen organizado.

El riesgo está también en la transaccionalidad con cualquier otra jurisdicción o incluso dentro de México, apuntó Narciso Campos Cuevas, socio de White & Case. Añadió que el combate al crimen organizado en el frente financiero no sólo queda en los bancos, sino que también toca a otros participantes de menor tamaño como las fintech y los neobancos.