Los plagios y asaltos contra los miles de inmigrantes indocumentados que atraviesan el país para llegar a Estados Unidos se han convertido en toda una industria delictiva que deja millones de dólares al año, la cual sería imposible de sostener sin la complicidad de las autoridades mexicanas, afirmó Mauricio Gebara Farah, autor del libro Cuando la vida está en otra parte, quien señaló que, para garantizar el respeto a los derechos básicos de los trabajadores internacionales sin documentos, es urgente que el gobierno de México combata frontalmente la corrupción y diseñe una política migratoria con enfoque de derechos humanos, y no sólo de contención. El libro, que reúne una serie de artículos periodísticos publicados por el especialista entre 2005 y 2012, testimonia la acelerada descomposición institucional en el tema de la migración indocumentada. “Antes había asaltos de la delincuencia común, violaciones sexuales, y lo peor que les podía pasar es que se toparan con la Mara Salvatrucha; pero, por pensar que la inercia iba a componer todo, hoy tenemos una descomposición que ha llegado a los límites de la catástrofe humanitaria, con el establecimiento de una industria delictiva del secuestro de migrantes”, indicó el autor a La Jornada. La trata de personas en todo el mundo, recordó Gebara –citando estudios de Antonio Mazzitelli, representante regional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito–, genera ganancias por unos 32 mil millones de dólares al año, 6.6 de ellos en el continente americano. Es por eso, dijo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reportado cifras espeluznantes sobre secuestro de migrantes, con más de 9 mil 700 víctimas en sólo un semestre de 2009, lo cual daría casi 20 mil al año. “Vemos que la situación empeora, y ante ello la respuesta de la autoridad ha sido negar los hechos y cuestionar sistemáticamente la metodología de estos informes.

Organizaciones civiles de derechos humanos exigieron a la Secretaría de Gobernación rectificar y aplicar criterios incluyentes y de transparencia en el proceso para elegir a los integrantes del consejo consultivo de la Ley de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.