Durante la conferencia presidencial, se explicó que el aumento del impuesto a los refrescos es una política pública eficaz para reducir su consumo, tal como se ha demostrado en los 119 países que lo aplican.
Las grandes empresas a través del cabildeo buscan bloquear o debilitar regulaciones en favor de la salud, las políticas fiscales, la regulación de publicidad o programas como desnutrición infantil.
Los mexicanos beben en promedio 166 de estas bebidas al año. Destacan la relevancia de prevenir y evitar el consumo, dado que está relacionado con enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus.