En marzo del año pasado, Audrey Azoulay, entonces directora general de la Unesco, declaró que a medida que aumenta el estrés hídrico en el planeta, crecen los conflictos locales y regionales por tan vital recurso. Y para evitarlos, dijo, es fundamental que los países fortalezcan la cooperación internacional y los acuerdos transfronterizos. Esa afirmación la hizo con motivo del informe que publicó la Unesco en nombre de ONU-Agua, y en el cual se detalla que 2 mil 200 millones de personas no disponían de agua potable y otras 3 mil 500 millones no contaban con los servicios adecuados de saneamiento. Esto sucede cuando uno de los objetivos trazados por Naciones Unidas para el 2030 es que la población mundial tenga acceso al agua de buena calidad. Todo indica que no será posible y, por el contrario, aumentarán los problemas.
El panorama global se agrava por los efectos del calentamiento global, que incrementa la inestabilidad social y política de amplias regiones del planeta, como se asienta en dicho informe. Por ejemplo, en los primeros 20 años de este siglo, las sequías afectaron a más de mil 400 millones de personas. Otro dato: la mitad de la población mundial sufrió escasez severa de agua durante al menos una parte de 2023.
Esta situación tan desfavorable se expresa en el deterioro de las condiciones de vida de la gente. Muy especialmente en la alimentación, la educación, el trabajo y la salud familiar y pública. Y como sucede en muchos otros campos del quehacer humano, son las mujeres de todas las edades las más afectadas. Agrego que, ante la carencia de ese vital recurso, migran cada año decenas de miles de personas en busca de sustento y trabajo. Y lo hacen en condiciones infrahumanas, como lo he documentado en el caso del continente africano.
Si el panorama internacional sobre el agua destaca por sequías, inundaciones y conflictos entre países; por sobrexplotación y/o concentración del recurso por grupos económicos o sociales, se suma otro muy grave: su utilización como arma de guerra. Un caso relevante y actual es el de Palestina. Entre las armas utilizadas por el ejército de Israel en su invasión a la Franja de Gaza estuvo el cortarle el servicio de agua a sus 2 millones de habitantes.
Se trata de un delito de lesa humanidad, una forma de exterminio de un pueblo que lleva años viviendo en lo que se ha llamado la “mayor prisión a cielo abierto del planeta”. Igual sucede en Cisjordania, donde la población palestina sufre el despojo de sus tierras y la destrucción de su hábitat a manos de colonos israelíes, en clara violación de las normas internacionales. Algo que sucede en ambos lugares desde 1967.
La Coordinadora, red de organizaciones y plataformas sociales con sede en España y que trabajan en el campo del desarrollo, la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos, advierte que aunque el 40 por ciento de la población mundial vive en cuencas fluviales y lacustres trasfronterizas, apenas la quinta parte de los países ha firmado acuerdos para gestionar conjunta y equitativamente estos recursos. Y que muchas de esas cuencas se encuentran en áreas afectadas por tensiones interestatales. En la región árabe, por ejemplo, siete países tenían conflictos en 2021.
Y agrega que África sigue como el continente más vulnerable a dichas tensiones: 19 de los 22 estados que La Coordinadora analizó tienen escasez de agua. Además, dos terceras partes de los recursos hídricos son trasfronterizos. Pero de los 106 acuíferos trasfronterizos cartografiados en África, apenas en siete existe una cooperación interestatal. Mientras tanto, las grandes potencias industriales plantan sus intereses en el continente. Un “colonialismo moderno”, dedicado a explotar los recursos naturales, en especial los minerales que requieren los nuevos sistemas tecnológicos.
No hay necesidad de ir a otros continentes para ver los conflictos por el agua. En México, los últimos cinco años son más de 300. Van desde escasez en el medio rural y urbano y contaminación, hasta oposición a obras hidráulicas. Ahora se discute en el Congreso una nueva ley general del agua. La actual es obsoleta, discriminatoria. Esperamos que el resultado sea, finalmente, una norma que fortalezca dicho recurso como un bien público y garantice el cumplimiento constitucional del derecho a recibirlo suficiente y de buena calidad.
