Para los histéricos “defensores” del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los mismos que en tiempos prianistas guardaron sepulcral silencio ante nulos resultados y el exceso de negocios turbios a costillas del erario, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, resumió el funcionamiento de esa fachada que sólo fue útil para que políticos y amigos se sirvieran con la cuchara grande: “completamente inoperante, inhábil y oscuro; no había apoyos a la población” y corrupción desbordada.
Buenrostro detalló el lastre burocrático que era el Fonden: “el periodo más corto que estaba marcando el procedimiento nos llevaría 42 días hábiles, hábiles, en llegar a la aprobación. Lo que seguía era un plan de ejecución y después se empezaba a gastar el dinero. Entonces, lo más rápido, si bien iba, tres meses, y mientras la ayuda no llegaba. Entonces, esto era completamente inoperante, inhábil y, además, oscuro. ¿Qué pasó con el tiempo? Todo el mundo dijo: no funciona, no llegan los tiempos”.
Incluso, recordó, en 2017 la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que “el Fonden es ineficaz, ineficiente; tiene altos costos; es más reactivo que preventivo; tiene un exceso de burocracia y una falta de coordinación; es opaco y tiene múltiples actos de corrupción; y no se garantiza una atención al ciudadano; también hay que decir que en esa época los apoyos, todos, eran para liberar lo que son servicios y bienes públicos; no había apoyos a la población. Prácticamente el recurso se destinaba a puros bienes y servicios públicos y la ayuda directa a las personas era nula”.
Hasta su extinción, el Fonden fue un barril sin fondo en el que descaradamente “abrevaban” gobernantes, políticos y amigos del régimen sin beneficio alguno para la población afectada, pero ahora resulta que ante los embates de la madre naturaleza (como el más reciente que afectó a cinco estados de la República) en automático se activa el coro de jilgueros que, con un enorme plato de lengua y mala leche, denuncia, según dice, que por “la ausencia” de ese fondo la ayuda y los recursos “no llegan a quienes más los necesitan”.
La funcionaria hizo hincapié en caso “atípico” del Fonden, que casualmente coincidió con el proceso electoral de 2018. Con gobierno priísta: “fue en la época de Enrique Peña Nieto; hubo un exceso que está muy fuera de todo el rango histórico. Hubo declaratorias de desastre ordinarias y extraordinarias: éstas son aquellas en las que el gobierno federal soltaba dinero sin necesidad de que estados y municipios lo solicitaran. Ese año se asignaron 427 millones de pesos a olas de calor; o sea, uno de los gastos más grandes es por olas de calor”.
Otros ejemplos citados por Buenrostro: en cada administración gubernamental durante la existencia del Fonden, cada que había un evento (desastre natural) había faltantes casi siempre por lo menos de 500 millones de pesos, o sea, no bajaba de ese monto y uno de ellos tenía problemas de acreditación de recursos. “En la época de Vicente Fox es muy reconocido –y nada más para hacer memoria– que la coordinadora de Protección Civil estuvo involucrada en muchos casos de corrupción que la llevaron, incluso, a la renuncia. La Auditoría Superior presentó observaciones acreditadas de 182 millones de pesos; fue inhabilitada 10 años. También hubo reportes del Órgano Interno de Control, que ahí encubrieron a la coordinadora porque dejaron sin efectos algunas cuestiones”.
Lo que está documentado en todas las cuentas públicas, abundó la secretaria, es que en esa época, y a partir de que empieza el Fonden se empiezan a observar sobreprecios de hasta 375 por ciento en las compras. “En la época de Felipe Calderón tenemos el caso de las inundaciones en Veracruz con los huracanes Karl y Mathew. En ese entonces el gobernador era Javier Duarte. Fue muchísimo dinero y todo desapareció”.
Y en el gobierno de Peña Nieto, los huracanes Ingrid y Manuel. “Esto fue patético, porque fue muy burocrático. Bueno, este sexenio fue muy burocrático. Para ‘resolver’ la situación, se instalaron 29 Comités de Daños y 29 Declaratorias para atender 361 municipios. Se la pasaban más tiempo haciendo los comités, y tardaron hasta 120 días para atender nada más el inicio de las obras”.
Pero los lacrimosos jilgueros ahora trinan todos los días: “se roban el dinero para los damnificados”.
Las rebanadas del pastel
Otra raya al tigre: Norma Piña, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, dejó un “boquete” de 272 millones de pesos, por incumplir la ley y pagar a proveedores “sin documentación que acreditara la prestación de diversos servicios”.
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