Ciudad de México. El colectivo Pena Sin Culpa urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a retomar la discusión que el anterior Pleno dejó pendiente sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en cumplimiento a una sentencia internacional, pero ahora bajo las nuevas reglas del tribunal, que establecen el derecho a una audiencia pública antes de deliberar. Además, piden que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González se declaren impedidas de participar en el asunto, por presunta falta de imparcialidad y posible conflicto de interés.

La solicitud dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz fue llevada este jueves a la Corte a través del abogado Simón Hernández León y su representado, Daniel García Rodríguez, actor central del caso García Rodríguez y otro Vs México, que derivó en una sentencia en enero del 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que obliga al Estado mexicano a inaplicar ambas figuras penales.

“Venimos a hacer un llamado de atención muy importante a los ministros de las repercusiones y de lo que ha generado esta barbaridad en México desde el año 2008. Tenemos ya 17 años en que, convertidos los agentes del ministerio público en jueces, se ha desconfigurado el sistema de procuración de justicia en nuestro país y hoy en día eh se ha convertido en una herramienta de extorsión, puesto que ante la falta de la mediación de un órgano jurisdiccional, pues los agentes del ministerio público han encontrado un gran negocio… por la posibilidad de encontrar la libertad o pasar meses o años en la cárcel, a partir de extorsiones a abogados y a los propios indiciados”, dijo Daniel García.

Daniel pasó 17 años y medio detenido bajo prisión preventiva oficiosa acusado del homicidio de la regidora de Atizapán María de los Ángeles Tamés, ocurrido en 2001. Fue sentenciado a 35 años, fallo que también impugnó y que también está pendiente de ser resuelto en la Corte, asunto que tiene la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa bajo el amparo directo en revisión 5/2025.

A nombre de la organización, Daniel y su abogado también presentaron oficios en los que solicitan el impedimento de las ministras Yasmín Esquivel y Estela Ríos, para que se declaren impedidas de participar en la deliberación “por no reunir las condiciones de imparcialidad y objetividad”.

En el caso de Esquivel, piden que se excuse de fungir como ministra ponente del asunto 5/2025 y de emitir su voto en el fondo del mismo, debido a declaraciones que realizó durante la Feria Internacional del Libro de 2022. En aquella ocasión, sostienen, la ministra se expresó de manera subjetiva y prejuzgó la culpabilidad de Daniel García y Reyes Alpízar Ortiz al afirmar: “estos angelitos estuvieron 16 años en prisión” y considerar que eran responsables de “este feminicidio que los mantuvo tanto tiempo, afortunadamente, en prisión”.

“Es muy fácil perder la memoria y decir ‘pobrecitos, que se les pague porque los tuvimos 16 años en prisión’, pero fueron 16 años porque ellos impedían que se emitiera la sentencia para que pudieran compurgar su pena, y hoy están en libertad exigiendo un pago al Estado mexicano por haberlos tenido presos tanto tiempo. Pero no se dice que interpusieron más de 100 recursos y amparos impugnando permanentemente ante los juzgados federales y el tribunal de apelación del Estado de México”, declaró entonces la ministra.

En el caso de la ministra Estela Ríos, recuerdan que le fue turnado el Expediente de Cumplimiento de Sentencia Internacional 3/2023.

“Sin embargo, como Consejera Jurídica de la Presidencia, en 2022 solicitó, junto al Secretario de Gobernación, que la Suprema Corte mantuviera la prisión preventiva oficiosa, lo cual constituye prejuzgamiento para que realice el proyecto y participe de la discusión”, señalan.

La tercera petición hecha a los integrantes del Pleno fue abrir audiencias públicas para discutir dichos asuntos, un nuevo mecanismo creado por la Suprema Corte en septiembre mediante el Acuerdo General número 5/2025.

“Para Pena sin Culpa, la Suprema Corte iniciaría esta etapa de cara a la sociedad al convocar a familiares de personas privadas de la libertad, personas procesadas bajo la medida de prisión preventiva oficiosa, instituciones como las universidades, colegios y barras de abogados, clínicas universitarias y organismos internacionales para recibir información de personas expertas y permitir una discusión sobre la base de la garantía de los derechos humanos, ajeno a consideraciones políticas”, señalan.