Al presidente salvadoreño Nayib Bukele no le preocupa que lo tachen de “dictador”. Con una gran popularidad por su guerra contra las pandillas y un poder casi absoluto en el país centroamericano, ahora tiene el camino libre para buscar su reelección sin límites y consolidar, según sus críticos, un sistema “autocrático” en El Salvador.

Orgulloso de llamar “amigo” al presidente Donald Trump, el publicista de 44 años, que gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85 por ciento de los votos, adoptó en los últimos meses un aire ya no tan “cool”, como suele autodenominarse. Durante cuatro meses mantuvo a 252 venezolanos que deportó Trump encarcelados en su megaprisión para pandilleros, quienes relataron haber sido víctimas de tortura, abusos sexuales y condiciones inhumanas, según testimonios que recogió el diario The Washington Post.

Sus testimonios sugieren que el trato recibido en en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), podría haber violado las convenciones de la ONU contra la tortura, de las que tanto El Salvador como Estados Unidos son signatarios.

El medio entrevistó a 16 venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT durante 125 días, tras ser “deportados” por el gobierno estadunidense como parte de un acuerdo de cooperación con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Los ex detenidos denunciaron palizas, aislamiento extremo, condiciones insalubres y falta de atención médica. Algunos reportaron haber sido golpeados hasta quedar inconscientes, otros vomitaron sangre o regresaron llorando a sus celdas después de haber sido agredidos sexualmente.

Los migrantes señalaron que fueron colocados en celdas grupales sin ventanas ni ventilación, con luz artificial permanente, sin privacidad para bañarse u orinar y bajo un régimen de encierro extremo. Dormían en literas metálicas sin colchones y compartían el espacio con hasta 20 hombres por celda. En las paredes había manchas de sangre seca, sudor y arañazos, según relataron.

Los entrevistados afirmaron que muchos de ellos ingresaron legalmente a Estados Unidos y no tenían antecedentes penales. Algunos contaban con permisos de trabajo o estatus de protección temporal. Al menos dos habían solicitado asilo por persecución política o por su orientación sexual. Sin embargo, fueron deportados bajo el argumento de que pertenecían a la pandilla venezolana Tren de Aragua,.

El Post indicó que los abusos se intensificaron tras un intento colectivo de rebelión dentro del penal. Los detenidos iniciaron una huelga de hambre de cuatro días y, al no obtener respuesta, utilizaron objetos metálicos para infligirse cortes y escribir mensajes con sangre en sus sábanas. Posteriormente, algunos se sublevaron, rompieron cerraduras y lanzaron objetos a los custodios. La represión fue inmediata: los guardias respondieron con balas de goma y golpizas masivas, según relataron.

Uno de los espacios de castigo más temidos por los migrantes fue conocido como “La Isla”, donde varios aseguraron haber recibido las peores palizas. A uno de ellos le dijeron: “Vamos a pegarle como a una piñata”, mientras era agredido. Los castigos incluían obligarlos a arrodillarse con las manos detrás de la cabeza, mantenerse inmóviles por horas y recibir golpes continuos.

La administración Trump destinó 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño para facilitar la retención de estos migrantes en el CECOT. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, reiteró, sin pruebas, que los deportados eran pandilleros y acusó a los medios de comunicación de defender “a criminales ilegales”. La Casa Blanca agradeció públicamente la colaboración de Bukele y evitó responder sobre las acusaciones específicas, apuntando que correspondía al gobierno salvadoreño hacerlo.

Isabel Carlota Roby, abogada de la organización Robert F. Kennedy Human Rights, indicó que si se demuestra que EU tenía conocimiento de las condiciones inhumanas y participó de forma directa o indirecta, podría haber incurrido en responsabilidad internacional. Agregó que los abusos descritos —si fueran sistemáticos y conocidos por las autoridades— podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Por su parte Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, señaló al Post que existen motivos razonables para abrir una investigación en la Corte Penal Internacional.