El pasado fin de semana se realizó en Loma de Bácum, del pueblo yaqui en Sonora, una asamblea emblemática por el tema abordado, porque es parte de un proceso organizativo con cinco reuniones previas que han sido convocadas conjuntamente con el Congreso Nacional Indígena (CNI). También lo es porque simbólicamente dio inicio al año de actividades anunciado hace días para llegar al 30 aniversario del CNI en octubre de 2026.
Y sobre todo, por la muy amplia y significativa presencia de más de un centenar de representantes de pueblos y comunidades que se hacen parte del CNI y comparten su vínculo con el EZLN. Otra razón, y no menor, para felicitarlos es el reconocimiento a su esfuerzo y voluntad para trasladarse a tierras yaquis en el estado de Sonora desde las distancias de sus territorios en 17 entidades del país. No es común una convocatoria con estas características. Significativa también la participación de Marichuy, vocera del CNI, quien abrió la plenaria inicial mencionando a los integrantes del CNI presentes: purépecha, maya peninsular, popoluca, nahua, yaqui, mayo, ñu savi, mixe, tsotsil, tseltal, otomí, rarámuri, nayeri, mazateca, chol.
Y destacó que “cada uno de los pueblos ha sabido cuidar su territorio, saben cómo ir manejando el agua, ir cuidando los recursos naturales, las plantas, por eso todavía están viviendo, por eso hay pueblos, por eso hay tierras, agua, por eso quieren quitar a los pueblos, para quedarse con las riquezas que se tienen ahí”. Cuestionó la concepción del Estado sobre desarrollo que está ante todo orientado a favorecer el capital y provocando la destrucción de las comunidades.
Por lo tanto, los actores centrales del despojo del agua son el Estado y las empresas. Y se expresa, entre otros, en la extracción ilegal, concesiones, hidroeléctricas, termoeléctricas, gasoductos, planes de justicia, áreas naturales por imposición, parques industriales, acueductos, cerveceras, basureros, contaminación industrial, presas. Por su parte, integrantes del Congreso Nacional Indígena y de la Asamblea por el Agua, la Vida y el Territorio hicieron uso de la voz para plantear su problemática específica, reiterando que se trata de una lucha común, pues el agua y el territorio son sagrados para ellos.
Destaco dos intervenciones: el representante del pueblo nayeri relató su lucha y su triunfo para detener la presa Las Cruces, que se pretendía construir en el lecho del río San Pedro, al lograr la cancelación definitiva en 2018 mediante amparos de diversos pueblos luego de cuatro años de lucha, pues la Comisión Federal de Electricidad anunció su construcción en 2014. Por su parte, Higinio Ochoa, integrante yaqui del Consejo del Agua del Pueblo de Loma de Bácum, denunció que el Plan de Justicia llegó a dividir a los ocho pueblos yaquis y a darles quincenas a algunas autoridades, con las cuales “son manipulados abiertamente por Conagua a través de la Comisión Jiaki”.
Loma de Bácum se organizó para recuperar el agua que les corresponde de la presa del Oviachic. Recordó que su pueblo frenó un gasoducto de la empresa IEnova en 2018. Hoy enfrentan, entre otros proyectos del gobierno del estado, el plan integral y consulta río Sonora que denominan presa Puerta del Sol, municipio de Ures. En el primer día de trabajo, después de la plenaria de apertura, las y los participantes realizaron mesas de trabajo para dialogar con las preguntas ¿quiénes despojan el agua?, ¿cómo es el despojo? Y respondieron ¿cuáles son las estrategias de defensa del agua que llevan a cabo en sus geografías?
Para el segundo día de trabajo, realizaron la asamblea plenaria y compartieron el pronunciamiento final con la declaratoria y acuerdos tomados. Esos documentos son muy sólidos, producto de la discusión en mesas, pero también recuperan el intenso trabajo realizado desde la primera asamblea en 2022. Ofrecen un recuento detallado de los despojos del agua por cada una de las empresas diversas, que enunció la vocera Marichuy, y dedican un espacio de análisis y denuncia del proyecto hídrico en curso del gobierno federal y se detienen en las implicaciones del muy difundido Plan México, las reformas que se pretenden en torno a la Ley de Aguas y los impactos de las mismas para los pueblos.
Se detienen en el análisis de la estrategia de los llamados planes de justicia que, entre otras cosas, promueven la división entre los pueblos, donde algunos de sus integrantes legitiman la estrategia de ofrecer dinero de manera directa. Destacan entre sus acuerdos el compromiso de compartir el trabajo realizado al regresar a sus pueblos y comunidades, y sumarse a la estrategia del CNI de realizar jornadas preparatorias durante un año para llegar a su 30 aniversario, el 12 de octubre de 2026, con una muy amplia participación nacional e incluso internacional.
Algo muy significativo es que ofrecieron un recuento de los triunfos que han logrado, lo cual fortalece la convicción de que su lucha y resistencia sigue y cobra sentido.
