Dolores Hidalgo, Gto. El gobierno del estado de Guanajuato ofreció a los casi 700 jornaleros agrícolas que presuntamente eran víctimas de explotación laboral, la mayoría indígenas, apoyo para regresar a sus hogares en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, pero se negaron porque aseguran que en sus estados no tienen ingresos para vivir, informó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el viernes rescató de un rancho del municipio de Dolores Hidalgo a adultos y menores de edad que presuntamente eran víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.

Hasta el momento se ha identificado a 642 trabajadores; 458 son adultos, 184 niños y se tiene información de 30 adolescentes que se fueron cuando llegaron las autoridades, detalló la FGE.

“Se les está ofreciendo a quien se quiera regresar a sus lugares de origen, pero la gente no se quiere regresar, la gente quiere seguir trabajando. Ellos comentan que en sus lugares de origen no hay trabajo y no tendrían dinero para comer”, reveló.

Agregó que los jornaleros se mueven a plantaciones de San Luis Potosí, Sinaloa y Baja California. 

Hay explotación laboral de jornaleros en diversos estados de México, pero en Guanajuato “estamos atendiendo el problema y estamos procurando y trabajando para que esto no se dé en nuestro estado”, dijo.

Sobre los niños encontrados en el rancho, el secretario de Gobierno manifestó que todos están con sus familias y no hay infantes solos.

El caso también es atendido por la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas de la Secretaría de Derechos Humanos.

“Me dicen que algunas personas no hablan castellano, entonces buscar la manera de seguirles dando acompañamiento y tutelarles sus derechos”, manifestó.

Agregó que están atentos a la investigación de la Fiscalía, que sigue interviniendo en el rancho, pero lo dejó en “depositaria” de los encargados del lugar para evitar un daño mayor.

Hasta el momento no hay personas arrestadas por el presunto delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral; solo hay un detenido por posesión de narcóticos, precisó.

“Hay una investigación en proceso y hay que esperar el resultado de la investigación”, pidió Jiménez Lona.

Añadió que al momento de la intervención en el rancho no estaban los dueños o encargados; sin embargo, eso no los exime de responsabilidad.

La Secretaría de Salud y la Subsecretaría del Trabajo de Guanajuato fueron las que denunciaron la presunta trata ante la FGE, reveló Jorge Jiménez.

“La Fiscalía interviene y encuentran situaciones donde hay posibles violaciones a derechos laborales, derechos humanos, como el hacinamiento y varias cuestiones que son ahí preocupantes”, declaró. 

Explicó que la Fiscalía intervino por las posibles violaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

El artículo 21 señala que la explotación laboral se castiga de tres a 10 años de prisión, pero las penas aumentan de cuatro a 12 años cuando las personas pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La explotación laboral ocurre cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, dice el artículo 21.

La explotación se configura cuando hay condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral, cuando exista una desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, cuando el salario esté por debajo de lo legalmente establecido y cuando las jornadas de trabajo sean superiores a las que establece la ley.