Ciudad de México. “Han pasado dos años, pero es como si hubiera sido ayer. El tiempo transcurre pero el dolor sigue intacto”, relata uno de los migrantes sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria provisional de Ciudad Juárez, sucedido el 27 de marzo de 2023.
Aquella tragedia dejó serias secuelas en su persona: tiene dificultades para hablar por la cantidad de humo que inhaló y tuvo quemaduras de tercer grado que dejaron marcado gran parte de su cuerpo. Por horas los doctores trataron de salvarle el brazo izquierdo.
Esta mañana, colectivos y representantes de las víctimas, entregaron en Palacio Nacional una serie de testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otros funcionarios, como el fiscal general de la República Alejandro Gertz, donde la exigencia es la misma: “Justicia”.
Este jueves se cumplen dos años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó que 40 personas migrantes perdieran la vida bajo custodia del Estado y 27 más resultaran con graves heridas por quemaduras.
“El hecho de no abrir la puerta simplemente por la suposición de que escaparíamos. A dónde iríamos si estábamos como presos: descalzos, sin dinero, sin teléfono ni nada en esas cuatro paredes, con un calor insoportable que fue un escenario perfecto para que prendiera en llamas en minutos el lugar”, recuerda otra de las personas migrantes sobrevivientes.
“Ya no puedo trabajar como antes, ya no puedo cargar cemento, cubetas pesadas, porque por lo que pasó me dejó muchos problemas en mi cuerpo, ya no puedo cargar cosas pesadas. Ya no tengo fuerza como antes. Tengo dos hijos por eso necesito de su ayuda señora presidenta”, hace saber a la mandataria mexicana.
Una mujer, cuyo esposo murió debido a aquella tragedia, denuncia: “Quiero expresarles mi tristeza, mi ansiedad y mi impotencia por la pérdida de mi compañero de vida y padre de mi hijo. Mi vida cambió totalmente desde ese día, mi hijo pregunta por su padre, yo tengo que ver de qué manera lo sacó adelante. Ya son dos años y todavía hay secuelas en mi salud física y mental, mi vida ya nunca será la misma”.
“Pido que se haga justicia, que este hecho no se repita. Lo que quiero es que se haga sentir el dolor de las familias, que causó la injusticia de los guardias de seguridad; que el juez dé una sentencia y que sea una sentencia justa. Espero que los jueces hagan valer sus palabras y sus juramentos: velar por la justicia. Y que el señor (francisco) Garduño (titular del INM) pagué por las personas que fallecieron y las 27 lesionadas, porque su vida ya no es fácil para ellos”, demanda otra de las víctimas.
También esta mañana, organizaciones civiles y representantes legales de algunas víctimas presentaron una demanda de reclamación patrimonial ante el Instituto Nacional de Migración, donde exigieron una reparación integral, más allá que lo económico.
“Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento que reconozca que lo que sucedió no fue casualidad, no fue mala suerte, sino es la punta del iceberg de una política de maltrato a las personas migrantes, de detenciones arbitrarias y en condiciones indignas, inhumanas, de encierros que están por fuera de la ley y que son incluso peores que en el caso de encierros penales y, además, al amparo de la ley”, señaló Luis Xavier Carrancá, de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana.
Remarcó que la tragedia de Ciudad Juarez fue resultado de una política migratoria “deshumanizante y violenta” contra las personas extranjeras en movilidad forzada.
Para el abogado, una verdadera reaparición no sólo está relacionada con la entrega de indemnizaciones económicas, “implica también justicia”. Por ello, el que el comisionado Garduño no sólo no haya sido sentenciado judicialmente, sino que se manténgamela en el cargo, “es un mensaje de impunidad”.
