En México las fuerzas de seguridad son, sin duda alguna, nuestro primer frente de batalla contra el crimen; sin embargo, enfrentan una lucha interna que socava su efectividad: salarios precarios, una ausencia alarmante de prestaciones laborales dignas y falta de capacitación, armamento, equipamiento y tecnología de última generación, entre otros. Invertir en la seguridad no es sólo una cuestión de armamento o presencia en las calles, sino de dignificar a quienes arriesgan su vida diariamente en aras de alcanzar un esquema de seguridad y paz cada vez más lejano.

Comencemos por contextualizar el problema. Los policías en México ganan, en promedio, salarios que apenas rozan la línea de la pobreza; según datos del gobierno de México, el salario mensual promedio de un oficial de policía ronda los 6 mil 620 pesos mexicanos, trabajando alrededor de 60 horas semanales.

Para los militares, la situación no es muy diferente; aunque su estructura jerárquica ofrece algo más de estabilidad, los soldados perciben ingresos modestos que no compensan la exposición constante al peligro. Esta precariedad no sólo afecta su calidad de vida, sino que fomenta la deserción y, en peores casos, la corrupción, ¿cómo esperar que un oficial resista las tentaciones de los cárteles cuando su familia apenas sobrevive?

La falta de prestaciones agrava esta crisis, en México beneficios como seguros médicos integrales, pensiones dignas o apoyo psicológico son escasos o inexistentes en muchas corporaciones estatales y municipales. Los militares, aunque cuentan con un sistema más robusto gracias al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam), enfrentan sobrecargas operativas que socavan su bienestar y ahora por primera vez en su historia reciente enfrentan carencias de medicamentos y de deficiencias en la operación hospitalaria; trabajan en turnos extenuantes, con equipo obsoleto y sin el reconocimiento social que merecen.

Esta negligencia no es sólo una injusticia laboral; es un riesgo para la sociedad entera, ya que un agente desmotivado o mal equipado es menos efectivo en la permanente lucha contra la delincuencia, especialmente en aquella denominada organizada.

La inversión no debe limitarse a presupuestos para armas o vehículos, debe enfocarse en el capital humano; proporcionar prestaciones como vivienda subsidiada digna, educación para sus hijos y atención médica de calidad, no sólo mejoran la retención de personal, sino que eleva la moral y la profesionalidad. Pero, sobre todo, es crucial invertir en capacitación y entrenamiento.

El respaldo que merecen estos profesionales ha sido insuficiente, se ha priorizado la militarización de la seguridad sin abordar las causas del problema. Los militares, entrenados para el combate, no para el patrullaje civil, se ven forzados a roles policiales que generan tensiones con la población. De acuerdo con el Índice de Paz se menciona que más de 2 mil 600 agentes han sido asesinados en los últimos seis años, con al menos 412 en 2023, ¿cómo queremos que defiendan la ley si el Estado no los defiende a ellos?

Para entender la magnitud del rezago, comparemos con recomendaciones internacionales. Instituciones como la ONU, a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), sugieren un mediano aproximado de 300 policías por cada 100 mil habitantes como referencia global. Aunque no es un estándar rígido, este indicador refleja la necesidad de una presencia policial suficiente para mantener el orden.

La Unodc enfatiza que la densidad policial debe ajustarse a contextos locales, pero advierte que el tener pocos policías contribuye a la impunidad y la sobrecarga. En Europa, por ejemplo, países como Italia tienen 398 oficiales por 100 mil personas, lo que correlaciona con menores tasas de crimen. En México, la realidad es alarmante. Si consideramos sólo las fuerzas activas, excluyendo militares en roles policiales, la cifra baja a alrededor de 231 por cada 100 mil habitantes. Esto nos coloca por debajo de la media global, especialmente en estados como Tamaulipas, donde es aún menor.

Si queremos fortalecer nuestro sistema de seguridad, debemos dignificar las profesiones relacionadas con ella, lo que significa no sólo aumentar salarios, sino invertir en formación continua. Imaginemos academias policiales equipadas con tecnología de vanguardia, inteligencia, programas de intercambio internacional y énfasis en prevención comunitaria.

Pero la dignificación sola no basta; México sufre un índice de impunidad superior a 90 por ciento, donde la corrupción permea las fuerzas de seguridad; es decir, con los cárteles, sobornos y nepotismo sólo 45 por ciento de la población confía en su policía local.

La corrupción en el ejército, aunque menos visible, existe, con casos de altos mandos implicados en lavado de dinero y qué decir del denominado huachicol fiscal. Para combatir esto, se necesitan reformas profundas y acciones como auditorías independientes, mecanismos de denuncia anónima, entre otras.

La militarización, impulsada desde 2006, ha exacerbado la corrupción, esto al priorizar la fuerza sobre la inteligencia civil; si no actuamos, el ciclo de violencia persistirá: bajos salarios llevan a corrupción, que aumenta impunidad, que perpetúa inseguridad. Invertir en su dignidad, priorizando capacitación, es esencial. Nos ha costado entenderlo pero la seguridad no es un gasto, es una inversión en el desarrollo de México.

*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política