Acapulco, Gro. Trabajadores del parque acuático Centro Internacional de Convivencia Infantil (CICI), advirtieron que no permitirán el inicio de las obras de remodelación de este inmueble para finales de octubre, si no reciben sus salarios pendientes y liquidación conforme a la ley.

Los inconformes colgaron mantas en la fachada del predio en la zona Dorada del puerto de Acapulco, para exigir al organismo Promotora Turística (Protur) del gobierno estatal, una liquidación justa, así como la remuneración de sus quincenas, que no cobran desde octubre de 2024.

Al menos 24 personas acusaron que “está dependencia no está cumpliendo con la promesa de liquidar al 100 por ciento a sus empleados”, y recordaron que existe un contrato colectivo de trabajo que pertenece a la Confederación Obrera Revolucionaria.

José Alfredo López, asalariado del CICI y representante sindical, expresó que “las obras no van a empezar hasta que nos liquiden”.

Acusó que Protur ofreció indemnizaciones fuera de la ley a varios de los ex empleados y 17 aceptaron por necesidad.

“Tenemos meses negociando, nos dijeron que nos iban a respetar la antigüedad, pero la nueva empresa que va a entrar en funciones ya dijo que no quiere personal, pues van a empezar las obras y van a tardar como año y medio”.

“Protur nunca supervisó el funcionamiento del CICI, se supone que el centro recreativo es de todos los guerrerenses al ser administrado por el gobierno del estado a través de concesiones, pero no se le dio mantenimiento durante años”, enfatizó.

“El huracán Otis vino a desnudar lo que ya estaba en ruinas”, reprochó.

Las protestas de los empleados comenzaron desde el año pasado, luego que la anterior empresa, administrada por Raúl Pérez Durán, dejó de pagarles sus salarios.

En días pasados, el actual director de Protur, José Luis González de la Vega Otero, explicó que ya se firmó un acuerdo con el nuevo propietario, con la intención de que a finales de octubre se comience a trabajar en el proyecto del nuevo CICI.

Detalló que el anterior concesionario está demandado laboralmente por los trabajadores, mientras que penal y administrativamente por Protur.

González de la Vega manifestó que se pagará a los empleados con recursos que serán embargados a la anterior administración, y se hará en los plazos establecidos en mesas de trabajo con los mismos inconformes.