México trasladó de la Revolución a los nuevos tiempos una forma de gobernar con una premisa rigurosa: fortalecer el poder. Lo demás –crecimiento, estabilidad, desarrollo– vendría como consecuencia. Así se consolidaron gobiernos unipersonales, desde Álvaro Obregón hasta Carlos Salinas de Gortari. Las diferencias entre ellos radicaron más en las personalidades que en los métodos: todo estaba diseñado para que el sistema operara en torno a la figura presidencial. El motor, generoso o cruel según, fue el corporativismo.
El objetivo consistía en garantizar al Presidente las mayores libertades para conducir al país según su propio criterio y por los medios que estimara necesarios. En los ámbitos donde la relación con la sociedad resultaba más delicada, el respeto a la ley era irrelevante. Tampoco importaban la democracia, las libertades, ni la relación armónica con otros poderes, estados u organizaciones civiles.
Para lograrlo, con una actitud absolutamente autocrática, los secretarios de Gobernación acumulaban poderes políticos supremos y recursos financieros sin límite, todo con el propósito de mantener al país “en orden” y, de paso, preparar su salto a la Presidencia.
Uno de los episodios más graves de ese estilo de gobierno fue el asesinato de Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo de 1984 a manos de un agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), José Antonio Zorrilla Pérez, entonces su director.
El secretario Manuel Bartlett Díaz intentó protegerlo, incluso impulsando su nombramiento como diputado federal por Hidalgo.
Zorrilla, sin embargo, comprendió la imposibilidad de contener el escándalo: huyó del país, pero terminó regresando, fue aprehendido, procesado y sentenciado.
Con pocas excepciones, la estructura de poder no había evolucionado en consonancia con el desarrollo nacional, hasta que otro hecho hizo crisis: el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara. Los responsables fueron narcotraficantes vinculados a la propia Dirección Federal de Seguridad, entre ellos Rafael Caro Quintero.
El crimen desató un grave conflicto con Estados Unidos y exhibió lo que todos sabían: que aquel no era un caso aislado, sino parte de una red de corrupción y criminalidad institucionalizada.
La presión internacional y la indignación pública fueron creciendo hasta colocar a Bartlett en una situación insostenible; quedó políticamente herido y su proyecto presidencial se desplomó.
Entonces comenzó a salir a la luz una larga lista de delitos cometidos por agentes de la DFS: homicidios, complicidad con el narcotráfico, desapariciones forzadas, tortura, secuestros, asaltos, chantaje, tráfico de personas y prostitución, además de operaciones encubiertas de la llamada Brigada Especial y subordinación ante la CIA. Pese a estar informado de todo ello, Bartlett lo negaba sistemáticamente.
Desde el inicio de ese sexenio (1983), ya existía un proyecto para sustituir la Dirección Federal de Seguridad por un organismo moderno de inteligencia.
Bartlett lo había frenado, pero finalmente, en 1989, en el siguiente gobierno, se concretó la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), concebido para proteger los intereses estratégicos del país bajo métodos compatibles con un estado de derecho.
Aquella reforma no sólo consistió en una nueva institución, sino fundamentalmente fue la transformación de un estilo de gobierno, en donde se sustituyó la lógica del abuso criminal por una conducción basada en el respeto a la ley, el diálogo con las fuerzas disidentes y la cooperación con agencias extranjeras equivalentes.
Ejemplos de la nueva actitud gubernamental:
• Creación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, antecedente directo del Cisen.
• Establecimiento de una relación de confianza y colaboración con defensores de derechos humanos, dejando de considerarlos adversarios del Estado.
• Disolución de la Brigada Especial, integrada por unos 200 efectivos de la DFS, Sedena y PGR.
• Propuesta al presidente electo Carlos Salinas de Gortari de crear una instancia de derechos humanos dentro de la Secretaría de Gobernación; así nació la dirección encabezada por el embajador Luis Ortiz Monasterio. Aunque fue invalidada por el propio secretario Fernando Gutiérrez Barrios, la iniciativa dio origen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya con plena autonomía.
• Colaboración con los gobiernos estatales en materia de seguridad, presupuesto, sistema penitenciario, protección civil y migración.
• Apertura hacia perseguidos políticos extranjeros, especialmente de Cuba, Nicaragua, Guatemala, Argentina y Chile.
• A solicitud del presidente colombiano Belisario Betancur, se organizó una reunión en casa del escritor Gabriel García Márquez entre él y miembros del movimiento guerrillero M-19 en busca de un entendimiento.
Han pasado ya cuatro décadas desde que el gobierno mexicano comenzó a modificar su trato con la sociedad, particularmente con quien se sintiera agraviado. El nuevo paradigma se basa en una relación legal, institucional, tecnificada y dotada de personal selecto y calificado.
Desde entonces, las tareas de proteger y promover los grandes intereses nacionales pretenden servir con orgullo y eficiencia, al menos en principio, a los valores sustantivos de la relación pueblo-gobierno.
