Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó este miércoles amparar a un capitán y tres marinos de la Secretaría de Marina, quienes buscaban anular la sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión dictada en su contra por la desaparición forzada de un joven en Nuevo León.
A propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, la Primera Sala rechazó los argumentos del capitán Raúl Sánchez Labrada, así como los marinos Alfi Ahumada Espinoza, Adán Verdugo Camarillo y Eliseo Sánchez Patrón quienes fueron responsabilizados por la desaparición de Armando del Bosque el 3 de agosto de 2013 en la comunidad Colombia del municipio de Anáhuac, Nuevo León.
Se concluyó que con la práctica de la desaparición forzada el Estado usa su posición de manera abusiva, para eliminar cualquier rastro de las personas a quien debe proteger, como sucedió en el caso de Armando.
Además de que el hecho de que el delincuente sea integrante del Estado implica que tenga un mayor control sobre la subsistencia de los medios de prueba, vulnerando el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas.
Según la propuesta de Ríos Farjat, se confirma que el capitán y los tres marinos fueron coautores de la detención de la víctima y después dolosamente propiciaron su ocultamiento, pues no proporcionaron información sobre su paradero, ni pusieron a disposición al detenido ante alguna autoridad.
Según registros judiciales, el 3 de agosto de 2013, Del Bosque fue sacado de su automóvil por elementos de la Marina y subido a un vehículo oficial, en presencia de varios testigos, entre ellos dos agentes de la policía municipal.
Posteriormente, su papá Humberto del Bosque, acudió a la base de la Secretaría de Marina Armada de México, sitio en el que el capitán Sánchez Labrada le notificó que su hijo había sido detenido sin aportarle mayores detalles.
Después del encuentro no se le dio más información e incluso fue amenazado. Tres meses después fue encontrado el cuerpo de Armando a dos kilómetros de la base.
A pesar de que en un inicio se impuso a los marinos la sentencia de 22 años de cárcel, un tribunal les redujo la penalidad a nueve años y cuatro meses tras una apelación, decisión que fue confirmada por la Suprema Corte.
