Ciudad de México. La reforma constitucional en materia laboral implicó cambios radicales en la impartición de justicia por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF) y los órganos judiciales locales, ya que se transitó hacia una nueva forma de analizar las relaciones entre trabajadores, empleadores y sindicatos, afirmó la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Al participar en la inauguración del Ciclo de Conversatorios Nacional del Sistema de Justicia Laboral, dijo que la reforma estableció la conciliación como una instancia administrativa prejudicial obligatoria y que el Estado mexicano al formar parte del T-Mec está obligado a garantizar el acceso a todas las personas para la aplicación de las leyes laborales y dotar los recursos necesarios para seguir avanzando en los compromisos internacionales adquiridos.
Apuntó que la reforma revitalizó los principios sociales que inspiraron al Constituyente de Querétaro a incorporar el derecho al trabajo como el reflejo de las luchas de aquel momento y hoy, a dar respuesta a los complejos procesos de la globalización y cambios económicos, sociales y culturales que ha vivido el país.
Es así, señaló, que por determinación del propio Constituyente el PJF es pieza fundamental en la justicia laboral, ante un renovado esquema de solución de conflictos.
“Por ello, es necesario concretar las etapas para su implementación, apostando por más órganos jurisdiccionales, personas juzgadoras, personal operativo, peritos y asesores jurídicos que permitan el adecuado funcionamiento de la justicia laboral”.
“Quienes laboramos en el PJF constituimos el factor esencial y determinante en la impartición de justicia, por eso la profesionalización, excelencia y constante capacitación es una meta relevante para el CJF”.
El consejero Sergio Javier Molina Martínez señaló que el nuevo sistema es un referente internacional que es seguido con interés por países de América del Norte, Latinoamérica y Europa, que reconocen la transformación que México adoptó al dejar atrás un esquema de justicia que prevaleció por 100 años; además de haberlo instrumentado durante la pandemia y llevar adelante la capacitación de más de 63 mil personas en materia de derecho laboral.
