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De las dos denuncias contra magistrado Vargas ninguna ha sido judicializada

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez. Imagen tomada del Twitter de @TEPJF_informa / Archivo
El magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez. Imagen tomada del Twitter de @TEPJF_informa / Archivo
05 de agosto de 2021 16:38

Hasta el momento la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado dos denuncias en contra el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF), José Luis Vargas Valdez, pero ninguna de ellas ha sido judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La primera data del año pasado, cuando el 19 de febrero la UIF anunció que había detectado movimientos financieros por 36.5 millones de pesos en las cuentas bancarias del funcionario, los cuales no correspondían con sus ingresos como funcionario público.

Estas operaciones estaban relacionadas con con gastos extraordinarios para el pago de tarjetas de crédito y compra de inmuebles, entre los años 2013 a 2019, tanto de él como de su familia.

Sin embargo, esta denuncia fue desestimada por la fiscal anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos, quien aceptó los argumentos de Vargas en el sentido de que esos ingresos eran legítimos y los inmuebles adquiridos eran propiedad de su esposa, y no de él.

La decisión de no ejercicio de la acción penal fue impugnada por la UIF, que así logró que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, ordenara reabrir las investigaciones.

Apenas el 19 de julio pasado, la UIF informó que presentó una nueva denuncia contra el magistrado Vargas por el uso de una presunta red de empresas fantasma para ocultar operaciones financieras en el extranjero.

En estas operaciones habrían participado también familiares de Vargas, quienes “operaron instrumentos financieros y corporativos” para triangular envíos de dinero, que nunca fueron declarados a las autoridades financieras.

En esa ocasión, la UIF señaló en un comunicado de estas transferencias al extranjero “cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada para posteriormente dejarse sin funcionalidad”.

Ambas carpetas de investigación siguen abiertas en la FGR, pero ninguno de los casos ha sido presentado aún ante un juez.

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