Ciudad de México. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará el próximo lunes 6 de octubre, con cambios, el dictamen a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Aduanera, que endurece las medidas para frenar el contrabando al país de combustibles, mercancías, ropa, calzado e incluso de azúcar, como ha denunciado la Cámara Azucarera.

Los integrantes de la comisión fueron citados por el presidente de esa instancia, Carol Antonio Altamirano, recibieron el proyecto de dictamen, que incluye cinco ajustes a la propuesta, principalmente en lo que toca a la vigencia de la autorización para ejercer las patentes aduanales, pero se mantiene la decisión de que los agentes aduanales sean corresponsables de las irregularidades fiscales que cometan las empresas importadoras y exportadoras. 

El primer cambio al documento -que tras su votación en la comisión se votará mañana más tarde en el pleno de la cámara- incluye la opción de hacer uso de cartas de crédito, en vez de la cuenta aduanera de garantía, con el objetivo de no afectar l liquidez de las empresas. 

Los otros cuatro tienen que ver con las patentes aduanales. 

Así, se modificó la propuesta presidencial, que considera eliminar la vigencia vitalicias de las patentes aduanales y reducirla a un plazo de 10 años, prorrogable por un periodo igual; en el proyecto este lapso se amplió a 20 años, prorrogable por otro igual. 

De igual manera, la iniciativa planteaba dejar en 10 años la vigencia de la autorización para operar como agencia aduanal, y el proyecto de dictamen lo amplía a 20 años, prorrogables por un plazo igual. 

Asimismo, la iniciativa proponía que los agentes aduanales se sometan a una certificación obligatoria, pero el proyecto la deja cada tres años.  

Y también se modifica uno de los artículos transitorios, para definir que las patentes de los agentes aduanales y las autorizaciones de las agencias aduanales en vigor les será aplicable la vigencia de 20 años, y podrá prorrogarse por un plazo igual. 

Asimismo, esta tarde, en conferencia de prensa, el vice coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, describió la problemática que se busca combatir con la reforma. 

“La magnitud de los fraudes fiscales en sectores estratégicos como combustibles, textil, calzado y azúcar muestra que el sistema aduanero mexicano se ha visto rebasado por prácticas de contrabando, subvaluación y simulación de operaciones”, dijo.  

Explicó que la evasión fiscal, por los abusos en el programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), así como el contrabando técnico y la subvaluación de mercancías han provocado pérdidas multimillonarias para la Hacienda pública, debilitan la competitividad de las industrias nacionales y afectan a miles de empleos, panorama que hace impostergable la reforma.

Detalló que tan solo el contrabando de combustibles, que se introducen al país como aceites, se consolidó en los años recientes  como uno de los principales problemas para las finanzas públicas y la competitividad del país. 

“Durante el sexenio anterior, se estima que el huachicol fiscal de diésel alcanzó en promedio 43 mil 700 barriles al día, equivalentes al 10 por ciento del consumo aparente nacional y la pérdida fiscal derivada de estas prácticas ascendió a 4 mil 600 millones de dólares por evasión de IVA e IEPS; y de 2 mil 400 millones de dólares por contrabando de gasolina; mientras que la afectación total a Petróleos Mexicanos y a la Hacienda pública se calculó en más de 28 mil 200 millones de dólares”, explicó.  

Complicidad de agentes aduanales

Abundó que, en el caso del uso indebido del programa IMMEX, tiene su origen en “una red de empresas que, en complicidad con agencias aduanales, simularon exportaciones para evadir el pago de impuestos”. 

La red está compuesta por Ocho compañías del sector textil y del calzado, que importaron productos terminados desde Asia y Estados Unidos, que los declararon como insumos para exportación, cuando en realidad eran vendidos en el mercado interno a precios subvaluados, práctica que provocó un fraude fiscal estimado en 24 mil millones de pesos, al no pagarse IVA ni aranceles en el momento de la importación, aseguró. 

“El caso no sólo refleja una pérdida millonaria para el erario, también un quiebre en la confianza institucional y un duro golpe a la industria nacional. Se estima que la competencia desleal derivada de estas operaciones ocasionó la pérdida de hasta 80 mil empleos en la industria textil, además de desplazar a empresas que sí cumplían con sus obligaciones fiscales. 

“La colusión de agencias aduanales, la debilidad de los controles posteriores y la falta de auditorías digitales facilitaron que estas prácticas prosperaran sin consecuencias inmediatas, exhibiendo la fragilidad estructural del sistema aduanero mexicano”, manifestó.  

Ingenios clandestinos

Informó además que el sector azucarero enfrenta una severa crisis derivada de la caída internacional del precio del azúcar, el ingreso ilegal de más de 330 mil toneladas por contrabando técnico y la operación de ingenios clandestinos. 

Dijo que esta combinación ha reducido la rentabilidad de los cañeros en hasta 50 por ciento, con pérdidas acumuladas estimadas en 37 mil millones de pesos y ha puesto en riesgo la viabilidad de 90 por ciento de los productores con superficies menores a siete hectáreas. 

El 31 de julio de, la Cámara Nacional de las industrias Azucarera y Alcoholera envió una carta al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, donde ofrece los detalles de estas operaciones que han permitido la introducción irregular de azúcar al país. 

En el documento señala al funcionario: “El contrabando técnico ha crecido significativamente a través de la importación de supuestas mezclas alimenticias que contienen menos de 2 por ciento de maltodextrina, carbón activado o sustancias similares, para evadir el pago de los aranceles (por) importación de azúcar”. 

También, señaló, se utilizan otras figuras para el contrabando técnico a través del depósito fiscal y los recintos fiscalizados estratégicos.

Incluso solicitaron a Ebrard que la secretaría emita una nota nacional para que cualquier preparación alimenticia que contenga 90 por ciento o más de azúcar se clasifique como azúcar. 

Además reveló que existen ingenios azucareros clandestinos que producen 10 mil toneladas de azúcar estándar o refinada, que se comercializan de forma desleal en el país. 

Incluso revelaron los municipios donde operan ingenios clandestinos: Calipan, Puebla; Nopaltepec, Veracruz, y Tuxtepec, Oaxaca, “que operan al margen de la ley, evaden impuestos y obligaciones de seguridad social, así como todas las regulaciones aplicables as esta agroindustria de la caña de azúcar”.