Ciudad de México. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) arrancó en 2019 el proyecto del Tren Maya sin haber determinado su factibilidad social y sin contar con un diagnóstico que previera los posibles efectos y riesgos sociales que ocasionaría su construcción y operación, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 consta que el organismo realizó siete auditorías al Tren Maya, en las que tras revisar el ejercicio de más de casi mil cien millones de pesos, concluye, entre otros puntos, que se debe aclarar el destino de 156 millones de pesos, relacionados con pagos no justificados y adjudicaciones de contratos.

En las auditorías, la ASF recomienda al Fonatur que valore la reposición de la consulta indígena y que defina una estrategia para garantizar que el proyecto sea rentable.

Para el organismo fiscalizador, en 2019, el Fonatur careció de estudios para determinar la factibilidad social del proyecto debido a que no dispuso del trazo definitivo del Tren Maya, ni de la ubicación de los polos de desarrollo a lo largo de su ruta.

En una de las auditorías practicadas al proyecto, la ASF hizo 20 recomendaciones al Fonatur relacionados con los efectos sociales del proyecto, entre las que está que implemente la metodología para definir y propiciar el beneficio social que el desarrollo Proyecto Tren Maya tendrá en las comunidades anfitrionas de la obra.

En otra revisión sobre el desempeño del proyecto de construcción, la ASF emitió 13 recomendaciones, entre las que está que se defina un mecanismo de control para dar seguimiento a la inversión, la cual incluya los costos y beneficios esperados por cada uno de los tramos del tren, así como a los indicadores de rentabilidad del Proyecto Tren Maya, mediante la cual se garantice que éste sea rentable.

Y es que para la ASF, de continuar las modificaciones en el diseño del proyecto -como cambios de en la ruta del tren-, o de generarse retrasos en la construcción, “podría incrementarse la inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la rentabilidad esperada por el proyecto”.