Le fue dictado en octubre del año pasado por probable uso indebido de atribuciones y facultades en el referido caso. Está acusado de desvío de 300 mdp.
Deberá enfrentar tras las rejas el proceso penal iniciado en su contra por la compra de valores bursátiles y haber desviado $700 millones de recursos públicos.
La ASF informó que el análisis de la Cuenta Pública 2020 mostró que, por descontrol en la administración de pensiones del se pudo provocar un posible daño patrimonial superior a 575 mdp.
Trabajadores presentaron una denuncia en la UIF, pues advierten que empresas familiares del dirigente Hernández Juárez se beneficiaron con los recursos.
