Al no recibir respuesta alguna por parte del gobierno federal y ante el inminente riesgo en que está su integridad y la de su familia, Alejandro NN, sobreviviente de la llamada masacre de Apatzingán, se manifestó por segunda ocasión en la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir que se cumplan las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en su favor hace cuatro años.

El juzgado tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México negó una suspensión definitiva a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit, contra el congelamiento de sus cuentas bancarias que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en mayo pasado.

Colectivos de familiares de desaparecidos exigieron que el nombramiento del primer fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) se dé mediante un proceso transparente, que el elegido tenga el perfil idóneo para frenar la impunidad en violaciones a las garantías fundamentales y que se escuche la opinión de las víctimas.

Con la Ley de Austeridad Republicana aprobada ayer en el Senado se pretende ahorrar 50 mil millones de pesos, vía el manejo racional y transparente del presupuesto federal y de una serie de medidas para eliminar privilegios y dispendios entre los servidores públicos de alto nivel.

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh), una de las organizaciones que se opone al corredor del istmo de Tehuantepec, logró una audiencia constitucional en el Poder Judicial para el próximo 15 de julio.

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial se reunieron con senadores que dictaminan la iniciativa para penalizar la expedición de facturas falsas y empresas fantasma, para proponer cambios que endurezcan las sanciones para ese delito fiscal, pero sin lesionar los derechos ciudadanos.

Por medio de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, ex trabajadores de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN) denunciaron el despido de aproximadamente 50 empleados, algunos de ellos con hasta 20 años de antigüedad.

Se buscará certificar a 535 cooperativas de ahorro y préstamos para evitar el ingreso de dinero ilícito mediante estas sociedades financieras. Por medio del manejo de tecnología podrán prevenir la entrada de activos financieros de la delincuencia, y hay 157 que están aprobadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó Juan Manuel Martínez Louvier, director del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes).