A diferencia de otros mandatarios, Andrés Manuel López Obrador y su gabinete no participarán en la comida que tradicionalmente se realiza al término de la presentación del informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El juzgado octavo de distrito en materia administrativa con sede en Ciudad de México concedió una suspensión provisional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual señala que ningún funcionario podrá ganar por arriba de lo que percibe el Presidente de la República, es decir, 108 mil pesos mensuales. Sin embargo, consideró que los salarios del Poder Judicial podrían ser reducidos, pero no en forma unilateral, arbitraria o que afecte la autonomía de los impartidores de justicia.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña, el único que se pronunció en contra de la propuesta presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE), considera que el organismo no tenía atribuciones para aprobar salarios para altos funcionarios por arriba de las percepciones del Presidente. A su juicio, esta pretensión contraviene disposiciones constitucionales que establecen un tope máximo.

La Presidencia de la República interpuso ayer un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que el pasado día 7 concedió el ministro Alberto Pérez Dayán, al considerar que se fundamentó incorrectamente conforme a la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, porque antes debe resolverse el fondo de la controversia.

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para derogar la reforma educativa cambia los conceptos básicos del artículo tercero constitucional al indicar que la educación en México debe ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia.

La cancelación de la reforma educativa y la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) era inminente, luego que el magisterio hizo patente su desacuerdo con el proyecto, señalaron especialistas en temas educativos.

Durante poco más de hora y media, el presidente Andrés Manuel López Obrador analizó con diputados y senadores de Morena, PT y Encuentro Social el paquete económico para 2019, que incluye el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de Ley de Ingresos, en los que se establece de manera primordial los recursos para los 25 proyectos prioritarios del gobierno federal y la inversión para infraestructura.

La Secretaría de Gobernación (SG) tendrá el año próximo una reducción de cerca de 30 por ciento respecto de los recursos humanos y materiales actualmente disponibles.

Organizaciones afrodescendientes llamaron al nuevo gobierno a reconocer a este sector en la Constitución. Señalaron que en el sexenio pasado no hubo voluntad política para que se concretara su principal demanda.

Petróleos Mexicanos indicó ayer que no cuenta con información oficial sobre los testimonios realizados en una corte de Estados Unidos en el juicio en contra del supuesto narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en el que involucraron a sus empleados en presuntos planes para transportar cocaína desde Ecuador.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, emitió un acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación por el cual delega facultades al director general de Apoyo Jurídico.

En la negociación del presupuesto para el próximo año, el PAN defenderá una agenda de 10 puntos, entre los que se encuentra bajar el precio de las gasolinas, pese a que en el pasado avaló el aumento.

En el contexto de la presentación de la iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, informó que fueron liberados dos profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) –uno del estado de México y otro de Oaxaca– considerados como presos políticos, y que los casos de cinco más, presumiblemente oaxaqueños, están en revisión en la Secretaría de Gobernación (SG).