La Procuraduría General de la República (PGR) informó que inició un juicio de extinción de dominio para que el erario federal se quede con la posesión del inmueble ubicado en bulevar Jiquilpan número 1002, del fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, donde el pasado viernes fue ubicado Joaquín El Chapo Guzmán. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa fue la encargada de realizar el levantamiento de cadáver, recolección de indicios, elaboración de dictámenes periciales, solicitud de información y recabar los primeros testimonios. Una vez terminado este proceso, cuidándose toda la evidencia, el representante social de la Federación ejerció la facultad de atracción, precisó la PGR en un comunicado. Añadió que dicho inmueble permanece asegurado, por considerarse producto del delito, por lo que ya se trabaja en el trámite de extinción de dominio, previsto en la ley federal de la materia.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, exhortó a la sociedad a no hacer apología de personajes que rompen la ley, cometen graves delitos y dañan a niños y jóvenes.

Almoloya de Juárez, Mex., Una juez de control del distrito judicial de Toluca concedió una segunda y última prórroga para el cierre de la investigación que se inició contra siete policías ministeriales mexiquenses, acusados de torturar a tres mujeres testigos presenciales de la matanza de 22 jóvenes en San Pedro Limón, Tlatlaya, el 30 de junio de 2014. El 26 de enero, con las pruebas que aporte el Ministerio Público y la defensa de los acusados, la juez determinará si inicia el juicio oral de manera formal o bien, se sobresee el expediente iniciado hace seis meses por la procuraduría local. A raíz de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Tlatlaya, donde constató que tres mujeres testigos de los hechos violentos de San Pedro Limón habían sido torturadas por personal judicial mexiquense a fin de obligarlas a hablar sobre lo acontecido el 30 de junio del 2014, fue que un Ministerio Público abrió una carpeta de investigación.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentará mañana en la Comisión Permanente una iniciativa para derogar del Código Penal Federal (CPF) el artículo que no sanciona a familiares de reos cuando los ayudan a fugarse, y en conjunto con los senadores de ese partido prepara un punto de acuerdo para solicitar información sobre la captura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

La senadora perredista Lorena Cuéllar propuso al Senado reformar el Código Civil a fin de establecer que la patria potestad se pierde por resolución judicial cuando se compruebe la existencia de violencia familiar que atente contra la integridad física o emocional del menor.