Colima, Col., 14 de agosto. Con lo poco que pudieron traer de sus hogares: cobijas, documentos, algo de ropa y utensilios de cocina, cerca de 100 personas desplazadas por la violencia en el municipio de San Miguel de Aquila, Michoacán, instalaron un campamento en el patio de una vivienda prestada en la comunidad de El Chanal, municipio de Colima, donde advirtieron que no regresarán a sus casas hasta que todos los miembros de la policía comunitaria sean desarmados.

Tras la promulgación de la Ley General de Víctimas, en enero pasado, y su reforma en mayo, en los congresos de varios estados se están empezando a discutir versiones locales de dicha legislación, pero la mayoría tienen graves fallas y carencias conceptuales, e incluso se apartan del espíritu de la norma federal, lo que pondría en riesgo los avances en la materia.

Un tribunal federal sumó cinco sentencias en el mismo sentido y con ello fijó una jurisprudencia, la cual establece que la identidad de los testigos colaboradores debe revelarse una vez que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerce acción penal ante un juez contra los inculpados. Antes existían criterios aislados de tribunales y juzgados federales, pero, debido a que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no establece como requisito obligatorio que se revele la identidad de estos en un proceso penal, algunos órganos jurisdiccionales se han negado a obligar a la PGR a que proporcione el nombre real de sus declarantes. Con esta jurisprudencia, emitida por el primer tribunal colegiado del tercer circuito, todos los jueces y magistrados del país estarán obligados a revelar la identidad de los testigos protegidos.

Hombres armados secuestraron en Chihuahua a tres jóvenes que viajaban a bordo de un autobús de pasajeros de Hidalgo del Parral al municipio de Guadalupe y Calvo –de donde eran originarios–, días después de que fueron liberados tras ser detenidos en posesión de droga.