San Cristóbal de Las Casas, Chis. Más de 40 científicos del Departamento de Conservación de la Biodiversidad (DCB), de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), manifestaron su “profunda preocupación ante el creciente entramado burocrático que obstaculiza la ejecución de recursos destinados a la investigación en biología de la conservación y otras áreas estratégicas para el país”.

Dijeron que “la disposición que centraliza en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la autorización administrativa de todas las actividades científicas de los Centros Públicos de Investigación (CPIs), constituye un mecanismo paralizante e inadecuado para las dinámicas propias del quehacer científico”.

En un documento, solicitaron “urgentemente  a las autoridades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), establecer una mesa de trabajo permanente con representantes de los CPIs y de la SHCP, con el objetivo de revisar y modificar las disposiciones administrativas que rigen el uso de recursos financieros, para que se garantice la autonomía técnica y financiera de los CPIs, y se fortalezcan las condiciones necesarias para generar conocimiento relevante para el país, sin menoscabo de la transparencia y rendición de cuentas que la sociedad merece y que la misma ley establece”.

Señalaron que a lo anterior “se suman los recortes presupuestales y cierres anticipados del ejercicio fiscal que han detenido procesos de investigación y vinculación con diversos sectores de la sociedad. 

Las autorizaciones para actividades esenciales —como la investigación de campo, adquisición de insumos y contratación de servicios— se emiten de forma tardía y en ocasiones se niegan con argumentos administrativos que ignoran la misión institucional, como la limitación para la partida de publicaciones, tarea sustantiva de la investigación”.

Afirmaron que “esta situación compromete gravemente el desarrollo científico, humanístico y tecnológico del país y anticipa un posible colapso en los próximos años. La centralización de decisiones en la SHCP afecta nuestra capacidad de generar conocimiento para el desarrollo sustentable en el sur de México, Centroamérica y el Caribe”.

La ciencia y la conservación de la biodiversidad, añadieron, “son pilares del desarrollo nacional. Aportan valor moral al promover principios éticos y justicia social; valor económico al fomentar innovación y uso eficiente de recursos y valor social al mejorar la calidad de vida, fortalecer la educación y brindar resiliencia ante la actual crisis ambiental”.

Los investigadores expresaron que “dejar de realizar nuestra labor por cuestiones administrativas contraviene el sentido de querer robustecer la ciencia en México. El financiamiento público a la ciencia no debe considerarse un gasto, sino una inversión estratégica para garantizar el bienestar, la sostenibilidad y la soberanía tecnológica del país”.

Dijeron que “el 6 de noviembre se anunció un incremento de aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos para el Ramo 38 —Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación—, pero persiste la incertidumbre sobre su destino. Incluso con mayores recursos, si se mantienen esquemas administrativos rígidos que limitan la autonomía de los CPIs, la investigación científica no podrá cumplir su papel en la formulación y sostenimiento de políticas públicas”.

Aseguraron que desde 2019, el DCB “ha sufrido una reducción significativa de fondos para operar proyectos de investigación. Esto ha impactado negativamente en la producción académica y de divulgación, la formación del capital humano, la investigación de campo y laboratorio, las actividades de vinculación y el mantenimiento de infraestructura institucional, la cual lleva más de una década en constante deterioro”.