Un juez federal en Rhode Island impidió el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump suspenda toda la ayuda de alimentos a millones de estadunidenses durante la paralización parcial del gobierno y le ordenó usar fondos de contingencia para pagar los beneficios.

El juez de distrito John McConnell en Providence emitió una orden de restricción temporal en favor de ciudades, organizaciones sin fines de lucro y un sindicato que argumentaron que la suspensión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos, a partir del sábado era ilegal.

El juez se pronunció minutos después de que otro juez de Boston dictaminó que la suspensión era probablemente ilegal en un caso relacionado seguido por una coalición de estados liderados por demócratas que también trataban de evitar la suspensión.

“No hay duda, y está fuera de toda discusión, que empezará a haber daños irreparables, si es que no se han producido ya, por el terror que ha causado en algunas personas la disponibilidad de fondos para alimentos, para sus familias”, dijo McConnell durante una audiencia virtual.

El USDA ha dicho que no existen fondos suficientes para pagar las prestaciones completas a 42 millones de estadunidenses de bajos ingresos, ya que cuestan entre 8 mil 500 millones y 9 mil millones de dólares al mes.

El gobierno de Trump sostiene que la agencia carece de autoridad para pagarlos hasta que el Congreso apruebe un proyecto de ley de gastos que ponga fin a un cierre que comenzó el 1 de octubre.

Los demandantes, representados por el grupo de defensa legal liberal Democracy Forward, argumentaron que la decisión de la agencia de suspender los beneficios era errónea e ilegal, ya que el USDA todavía tenía fondos disponibles para cumplir con su obligación de pagar los beneficios de SNAP.

Los fondos disponibles incluyen 5 mil 250 millones de dólares en fondos de contingencia que el Congreso ha proporcionado previamente al USDA para su uso cuando sea “necesario para llevar a cabo las operaciones del programa”, dijeron los demandantes.

Aparte de los fondos de contingencia, los demandantes argumentaron que un fondo separado con alrededor de 23 mil millones de dólares también podría ser usado para evitar lo que sería una suspensión sin precedentes de los beneficios del SNAP.