Un espectro recorre nuestro país. Es el espectro del dramaturgo Henrik Ibsen y el de su doctor Thomas Stockmann, el científico humanista que en Un enemigo del pueblo (1882) es difamado y apedreado por revelar y defender la verdad y, finalmente, llamado un enemigo del pueblo. 

En esta obra en cinco actos, la autodenominada “prensa liberal” figura como aliada de los intereses que actúan contra el doctor Stockmann. Lo quieren silenciar y lo difaman por las consecuencias que su descubrimiento (que las aguas del balneario curativo municipal son en realidad fuente de enfermedad) conlleva: el cierre del balneario, la principal actividad económica de su ciudad. A Thomas lo apedrean en una asamblea pública cuando además denuncia su otro descubrimiento, más radical y significativo que el primero: que análogamente al balneario, la vida social burguesa se alza sobre una turbera putrefacta de mentiras. 

Rondan los espectros de Ibsen y el doctor Stockmann con motivo de la tormenta de infundios que ha cundido en la “prensa liberal” contemporánea en contra de la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, ex titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). 

Con artificios retóricos, los ventrílocuos de la “prensa liberal” han pretendido instaurar la noción de que durante la gestión liderada por Álvarez-Buylla Roces hubo malos manejos o desvíos de recursos públicos para fines privados. Se “apedrea” al todo por la parte: a Elena Álvarez-Buylla como líder de un proyecto para instaurar en el sentido común la noción –falaz– de que si ella merece tacha, también la merece el proyecto que ella encabezó. 

Resulta claro que esta campaña tiene un cometido estratégico: se trata de un golpe a la soberanía nacional, mediante el ataque a un proyecto cuya política científica giró en torno a la reconstrucción y defensa de la soberanía científica, apuntalando por esta vía la reconstrucción y defensa de la soberanía nacional. 

Es que en la medida en que el desarrollo científico-técnico de una nación define las posibilidades de desarrollo social, económico, industrial y cultural de un país, la política científica de una nación es un frente estratégico para la construcción y defensa de soberanía nacional, o puede serlo también para su destrucción. Además, de la soberanía científica dependen otras formas de soberanía que son tributarias de la soberanía nacional. 

En México, la política científica ha tendido a plegarse a las directrices impuestas por instancias supranacionales como la Organización de Naciones Unidas y sus agencias, la OCDE o incluso por el TLCAN/T-MEC, ya sea de manera directa por las disposiciones específicas de los tratados o indirectamente como consecuencia de los mismos. Su fuerte influencia redundó, durante el neoliberalismo, en un gravísimo debilitamiento de la soberanía científica con el consecuente impacto en todos los frentes que de ella dependen. 

El sexenio pasado (2018-2024), el Conahcyt asumió la necesarísima tarea de reconstrucción y defensa de la soberanía científica, que había sido larga e irresponsablemente abandonada. Su renovada política científica, humanista y soberanista impulsó la atención a los problemas más acuciantes de nuestro país mediante una serie de acciones, como la creación de Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) orientados a que la actividad científica incidiera en la solución de problemas nacionales y regionales, económicos, sociales y ambientales urgentes, problemas todos brutalmente agudizados (cuando no causados) por la negligencia criminal generalizada de las autoridades de administraciones anteriores. 

La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aprobada en mayo de 2023, consolidó esta política científica, y en el informe a un año de su promulgación (https://bit.ly/48NWyTg) se constata una redistribución de los recursos para la investigación, teniendo como criterio principal el fortalecimiento de la soberanía nacional y la autonomía tecnológica, priorizando la investigación para resolver problemas estratégicos y urgentes del país, así como garantizar el derecho humano a la ciencia, tanto en el goce de sus beneficios como en la participación en la actividad científica. 

La lógica centrada en la soberanía científica y nacional del Conahcyt se tradujo también en una crítica y denuncia de los comportamientos que habían caracterizado la política científica neoliberal, como los criterios de distribución del presupuesto público, que se concentraba en una élite de científicos y se destinaba a subsidiar investigaciones de empresas privadas. Por ejemplo, mediante el esquema de fondos mixtos, el Conacyt financió a empresas privadas trasnacionales y nacionales como PepsiCo, Kimberly Clark, Bosch, Bimbo y Lala (entre otras). 

La política redistributiva, la puntual crítica y denuncia que la administración liderada por Álvarez-Buylla fue haciendo indigestó a quienes se vieron en un espejo que no les favorecía y, tanto o más, a las empresas privadas nacionales y trasnacionales que dejaron de recibir financiamientos públicos. Son quienes ahora, dispépticos, regurgitan veneno análogo al que circula por las cuencas de los ríos mexicanos a causa de la desregulación ambiental que por sexenios favoreció la acumulación de tóxicos que persisten en el ecosistema y se amplifican en la cadena trófica. 

La temporada es propicia para resucitar la obra del humanista Henrik Ibsen. El admirable noruego, como su doctor Stockmann y la doctora Álvarez-Buylla, defendió apasionada –y en su caso, también artísticamente– la verdad, así como la posibilidad y el deber de formar seres humanos libres.