La devastadora plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo camina de la mano del contrabando de ganado bovino en la frontera sur de México. Una plaga erradicada hace más de dos décadas resurgió con virulencia con el comercio ilegal de unas 800 mil reses provenientes de Centroamérica (especialmente de Nicaragua) a nuestro territorio. Imparable hasta ahora, continúa su marcha hacia el norte.

Más de 2 mil 200 bovinos cruzan cada día la línea divisoria con Guatemala y se internan en territorio nacional, sin que autoridad alguna “lo note”. No importa que Chiapas sea uno de los estados más militarizados del país. Desde allí, los animales son trasladados por carreteras a los más distintos lugares sin problema alguno.

Para que un negocio de esta magnitud funcione sin contratiempos, se necesita una red de complicidades e impunidad de inspectores sanitarios, policías, militantes, Guardia Nacional, políticos, transportistas y ganaderos mexicanos. 

Se requiere que, al menos durante un tiempo, el ganado se vuelva “invisible”.

Obviamente, a los contrabandistas (¿o hay que llamarlos empresarios?) les tiene sin cuidado si los animales están sanos o enfermos, con el riesgo sanitario que ello implica. O si dañan las relaciones comerciales con Estados Unidos.

O si personas enferman de “miasis por gusano barrenador”. O si afectan a ganaderos que no se dedican a actividades ilícitas. Para ellos, lo importante son las ganancias que obtengan.

Como buenos prestidigitadores, los estraperlistas convierten a las reses ilegales en legales. Para ello, echan mano de otro pingüe negocio: el mercado negro de aretes de identificación oficial, expedidos por el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga). Sean reutilizados o falsificados, esos aretes permiten que los animales invisibles se vuelvan visibles y entren al mercado mexicano legalmente. El precio oficial de los anillos es de alrededor de 50 pesos. Sin embargo, en los bajos mundos se venden entre 400 y 700 pesos. Es un negocio de unos 360 millones de pesos.

Entre los animales que llegan al país provenientes de Centroamérica, hay algunos enfermos. En las heridas de sus lomos, las moscas que propalan el mal depositan sus huevos, y las larvas devoran sus tejidos. A menudo, los daños provocados son mortales. Como las moscas no necesitan pasaporte para cruzar fronteras o límites entre entidades federativas, y el ganado es trasladado por barco o por tierra, la plaga se ha extendido. Tanto así que los días en que no se documenta una res enferma se celebran como día de fiesta.

La plaga fue erradicada a partir de que, en 1974, se construyó la Planta de Moscas Estériles. Las campañas para combatirla fueron exitosas. Pero el proyecto desapareció. Y, con el florecimiento del contrabando a finales de 2024, el mal regresó al país. Estados Unidos ha cerrado su frontera en tres ocasiones.

La última, en julio pasado. Así sigue. Las reses se quedaron en los potreros. Se perdieron mercados, certificaciones y prestigio. Se quedaron sin exportar 780 mil 880 cabezas de bovino en pie, con un valor de 642 millones de dólares. Un golpe seco.

Desde hace 11 meses, aseguran las autoridades mexicanas, se dispersan semanalmente 100 millones de moscas estériles de gusano barrenador de ganado, provenientes de Panamá, en polígonos estratégicos del sur-sureste. Pero, a pesar de ello, se siguen detectando casos.

Apenas hace un mes, Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), declaró que esta crisis tardará años en resolverse. “No se avizora aún cuándo Estados Unidos podría reabrir su frontera a las compras de ganado en pie”, afirmó.

Hace unas semanas, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 112 kilómetros de la frontera norte, se localizó una vaca de ocho meses enferma. El 21 de septiembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) emitió un enérgico comunicado. Brooke Rollins, titular de ese departamento, indicó que “proteger a Estados Unidos del GBG no es negociable y es una prioridad máxima para la administración Trump”. Señaló que “tomará medidas decisivas para proteger nuestras fronteras, incluso en ausencia de cooperación”, y no dependerá de México para salvaguardar su industria o su suministro de alimentos.

Y, como en la administración de esa nación todo parece tener lenguaje militar, añadió: “Esta guerra exige la potencia total del gobierno”.

Simultáneamente, la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Res de ese país pidió a su Departamento de Agricultura que siga presionando a México para reducir el traslado de animales que puedan propagar esta plaga hacia la frontera.

Y, en una muestra de soberanía de baja intensidad, personal del USDA monitorea 350 sitios de recolección de muestras en nuestro país. Lo mismo sucedió en el caso del aguacate hasta finales del 2024: inspectores de esta agencia estadunidense debían certificar huertos y empacadoras que exportan a nuestro vecino del norte. En distintos momentos, la USDA detuvo el flujo de las ventas del oro verde mexicano a ese país. Hacia finales de 2024, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) transfirió todas las responsabilidades de inspección de huertos a México.

La crisis del gusano barrenador del Nuevo Mundo muestra que el modelo agroexportador que se presume como un gran éxito desde hace años en el gobierno federal, es un gigante con pies de barro. La plaga puso al descubierto que, detrás del aparente logro, se esconden, también, la dependencia de un sólo mercado exportador, la renuncia a ejercer responsabilidades de inspección y control sanitario, el abandono de la inversión pública en el sector, el cerrar los ojos al contrabando y la permisividad ante el mercado negro de anillos.

Por lo pronto, y a pesar del anuncio de avances en la contención de la plaga, el mercado estadunidense sigue cerrado para las exportaciones de bovino mexicano.

X: @lhan55